lunes, 25 de julio de 2016

UNA SENTENCIA QUE PARECE SEPULTAR UNA TRADICIONAL POSICIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN RESPONSABILIDAD CIVIL: LA SOLIDARIDAD ENTRE EL COMITENTE Y PREPOSE.


Fuente: http://www.actiweb.es/casbts/imagen35.jpg?1408271316


Referencia: sentencia núm. 110, Segunda Sala, S.C.J., 6 de mayo de 2014. Origen del conflicto: contrato de opción de compra. Imputados: D.S. y C. J. G. S. Presunto ilícito penal: estafa. Actora civil constituida: G. M. G. P. Demandados civilmente: D.S. y C. J. G. S. y Constructora G. & Asociados, S. A., como tercero civilmente responsable de C. J. G. S. Punto a discutir: condenación solidaria contra el representante de la sociedad y la sociedad representada.

1.- Actores y hechos. En una fecha determinada la señora D.S. y la Constructora G. & Asociados, S. A., representada por el señor C. J. G. S., suscribieron un contrato de opción de compra mediante el cual la primera -D.S.- adquiría de la segunda -la Constructora- derechos sobre un apartamento cuyo pago final se haría contra la entrega del correspondiente certificado de título. Posteriormente, la señora D.S. y la señora G. M. G. P. suscribieron otro contrato de opción de compra mediante el cual la segunda adquirió los derechos que la primera -D.S.- tenía sobre el referido apartamento en virtud del primer contrato de opción de compra que ella había suscrito con la Constructora G. & Asociados, S. A.  Ante el incumplimiento contractual de no entrega del aludido apartamento y otras circunstancias derivadas del mismo, la señora G. M. G. P. accionó penalmente contra D.S. y C. J. G. S., por el ilícito penal de estafa, constituyéndose en actora civil contra estos y contra Constructora G. & Asociados, S. A., en su condición de tercero civilmente responsable del señor C. J. G. S., de donde resultó la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que recurrida en casación ha dado lugar a los presentes comentarios.

2.- Punto a discutir. A pesar de que la sentencia objeto de este comentario presenta otros aspectos importantes -como por ejemplo la competencia de la jurisdicción penal para conocer de un incumplimiento contractual, y la condenación civil no obstante el descargo penal- en esta ocasión solo me referiré al punto relativo a la condenación civil que fuera pronunciada contra el imputado C. J. G. S. y la Constructora G. & Asociados, S. A, como tercero civilmente responsable; así como a las consecuencias que han de derivarse con respecto a D.S., en ocasión de la casación pronunciada y su impacto con respecto a la corte de envío y a quien la sentencia recurrida en casación confirmó su descargo en lo penal, pero consideró que cometió una falta civil, que no fue tomada en cuenta por la jurisdicción de fondo.

3.- ¿Qué decidió la corte de apelación? Luego de agotarse la primera instancia, a consecuencia del recurso que se interpuso la corte de apelación dictó la sentencia impugnada en casación, que decidió: 1) confirmó lo dispuesto por primera instancia en cuanto que no se encontraba configurado contra los imputados D.S. y C. J. G. S., el ilícito penal de estafa, por lo que fueron descargados penalmente, pero le retuvo responsabilidad civil al imputado C. J. G. S. y a la Constructora G. & Asociados, S. A., 2) que esos hechos causantes del daño a la actora civil -señora G. M. G. P.- fueron resultantes de “…que César Joaquín Garrido Sánchez era la persona que asume la representación de la Constructora Garr y Asociados, dejando como un hecho fijado esta relación y vinculación, lo que se manifiesta en que la parte querellante actuó en contra de ambos”, y por eso los condenó conjunta y solidariamente a una indemnización a favor de la actora civil, como consecuencia de los hechos retenidos, 3) “…que como lo establece la sentencia de primer grado, en las consideraciones anteriores, se puede advertir que la vinculación y responsabilidad de César Garrido Sánchez y la sociedad de comercio Constructora Garr & Asociados, S. A., quedó establecida, por lo que, el segundo medio propuesto debe ser rechazado por esta Corte”; y, 4) rechazó la constitución en actora civil en cuanto a la señora D.S. por existir un descargo en lo penal en su favor y no habérsele retenido una falta civil”.

Para un mayor entendimiento del tema tratado me limitaré a precisar las consideraciones de la sentencia que se refieren a los numerales 2) y 3) del párrafo anterior en cuanto a la condenación civil solidaria en favor de la actora civil contra el demandado C. J. G. S., y la tercera civilmente demandada Constructora G. & Asociados, S. A., en razón de que la jurisdicción de fondo y la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia han comprobado fehacientemente, y así lo han hecho constar, que el señor C. J. G. S., ha actuado en representación de la sociedad Constructora G. & Asociados, S. A.

4.- ¿Qué decidió la Segunda Sala de la S.C.J.? Esta sala, en sus considerandos más significados en cuanto al tema, nos dice:

“Considerando, que el único aspecto censurable en cuanto a la condena antes indicada, consiste en que la condena impuesta a C.J.G.S., quien figura como el representante de la Constructora Garr & Asociados, S. A., se hizo de manera conjunta y solidaria, en ese sentido el artículo 55 del Código Penal dispone que: “Todos los individuos condenados por un mismo crimen o por un mismo delito, son solidariamente responsables de las multas, restituciones, daños y perjuicios y costas que se pronuncien”; en el caso de la especie no se configuró el ilícito penal por el cual fueron sometidos (estafa), pero se retuvo responsabilidad civil y ese hecho causante del daño es la resultante de la concurrencia de faltas entre el demandado – César Joaquín Garrido Sánchez - y la tercera civilmente demandada – Constructora Garr & Asociados, S. A.-, por lo que, se imponía la división de responsabilidad de estos por parte del Tribunal a-quo, debido a que cada uno es responsable en su proporción de falta, situación que es aplicable tanto cuando se demanda a los responsables por su hecho personal como cuando se demanda por el hecho de otro; en el caso de la especie, César Joaquín Garrido Sánchez impidió la entrada de la querellante, víctima y actora civil; y la Constructora Garr & Asociados, S. A., no entregó el inmueble en la fecha en que fue pactado por las partes.

Considerando, que en base a esa división de responsabilidad los jueces del fondo deben precisar en qué magnitud esas faltas han concurrido al daño, y de acuerdo con la gravedad de las mismas repartir la responsabilidad en la proporción correspondiente; por lo que, procede acoger este argumento de los recurrentes”.

La sentencia comentada reconoce indiscutiblemente que el señor C.J.G.S. actuaba a nombre y representación de la sociedad constructora, sin embargo, le retuvo una falta civil por su hecho personal consistente en que impidió la entrada de la actora civil G. M. G. P. al inmueble adquirido. A la constructora le retiene como falta civil no entregar dicho inmueble en la fecha pactada por las partes. De esta argumentación deriva dicha sentencia que no puede haber condenación solidaria entre el representante C. J. G. S., y su representada Constructora G. & Asociados, S. A., porque a consecuencia del descargo penal no tenía aplicación el artículo 55 del Código Penal, pero que no obstante a ese descargo, al retenerse una falta civil resultante de la concurrencia de faltas entre el demandado -C.J.G.S.- y la tercera civilmente responsable - Constructora G. & Asociados, S. A., “…se imponía la división de responsabilidad de estos por parte del Tribunal a-quo, debido a que cada uno es responsable en su proporción de falta, situación que es aplicable tanto cuando se demanda a los responsables por su hecho personal como cuando se demanda por el hecho de otro”. “Que sobre la base de la división de solidaridad los jueces del fondo deben precisar en qué magnitud esas faltas han concurrido al daño, y de acuerdo con la gravedad de las mismas repartir la responsabilidad en la proporción correspondiente”.

A los anteriores argumentos se puede contestar: que obviamente el artículo 55 del Código Penal no podía tener aplicación, por los tres motivos siguientes, el primero, porque no se trataba de “individuos condenados por un mismo crimen o por un mismo delito”; el segundo, porque hubo un descargo penal contra los imputados al no configurarse contra ellos el ilícito de estafa, quedando el aspecto penal definitivamente al margen del conflicto, y el tercero, porque en la especie de lo que se trataba era de un vínculo entre el señor C. J. G. S., en su calidad de representante y su representada sociedad Constructora G. & Asociados, S. A. No había manera de que dicha sociedad comprometiera su responsabilidad civil que no fuera actuando a través de su representante, salvo que su representación hubiese estado a cargo de otra persona, lo que no consta en la sentencia.

5.- ¿Rompe esa sentencia con la tradicional jurisprudencia dominicana en cuanto a la solidaridad entre el preposé y el comitente? La pregunta obligada luego de examinar los considerandos anteriores es si la sentencia núm. 110, Segunda Sala, S.C.J., 6 de mayo de 2014, rompe con la tradición.

La parte neurálgica de su decisión es la que dice: “por lo que, se imponía la división de responsabilidad de estos por parte del Tribunal a-quo, debido a que cada uno es responsable en su proporción de falta, situación que es aplicable tanto cuando se demanda a los responsables por su hecho personal como cuando se demanda por el hecho de otro”, pues lo que está afirmando es que hay que dividir la responsabilidad cuando se demanda por el hecho de otro.

Importa destacar que en el proceso judicial se descartó la aplicación de las reglas de la responsabilidad civil contractual por lo que el asunto se dirimió en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual de los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil. Tanto es así que la terminología utilizada por la sentencia es la propia de la responsabilidad extracontractual, específicamente la del ámbito de la responsabilidad delictual o cuasidelictual, lo que se comprueba cuando dice situación que es aplicable tanto cuando se demanda a los responsables por su hecho personal como cuando se demanda por el hecho de otro, pues lo que está afirmando es que hay que dividir la responsabilidad civil en ambos casos.

De ahí que al establecerse una falta civil contra el señor C. J. G. S., actuando como representante de la sociedad constructora y como tal puesta en causa como tercero civilmente responsable, inexorablemente, esa sola falta de C. J. G. S., arrastraba solidariamente a la sociedad Constructora G. & Asociados, S. A. como comitente a los términos del artículo 1384, párrafo 3ro. del Código Civil. En definitiva, C. J. G. S. actuaba a nombre y representación de la sociedad al causar el daño a la actora civil, no solamente comprometió su responsabilidad por el hecho personal -requisito sine qua non para la responsabilidad del tercero responsable- sino que también comprometió la responsabilidad de la sociedad. Es sabido que una vez establecida la relación de comitente a preposé no hay posibilidad de que el comitente pueda eludir su responsabilidad civil. Diferente habría sido si C. J. G. S., no hubiese actuado como representante de la sociedad, en cuyo caso habría que determinar la responsabilidad individual de cada uno.

El criterio sostenido es que la responsabilidad del tercero civilmente responsable por el hecho de su preposé se encuentra marcada con la solidaridad, en razón de que aquél -tercero civilmente responsable- está obligado civilmente en las mismas condiciones en que lo está el autor de los daños -preposé-, conforme a los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil a la reparación de los daños causados. Es que entre el comitente y preposé se encuentra caracterizada un caso de solidaridad de pleno derecho a los términos de los artículos 1200 y 1202 del Código Civil.

No hacía falta que la sentencia se refiriera a esos textos legales para saber que se basó en ellos. Esto se deriva cuando en una parte del primer considerando transcrito más arriba dice: “retuvo responsabilidad civil y ese hecho causante del daño es la resultante de la concurrencia de faltas entre el demandado – César Joaquín Garrido Sánchez - y la tercera civilmente demandada – Constructora Garr & Asociados, S. A.-, por lo que, se imponía la división de responsabilidad de estos por parte del Tribunal a-quo, debido a que cada uno es responsable en su proporción de falta, situación que es aplicable tanto cuando se demanda a los responsables por su hecho personal como cuando se demanda por el hecho de otro”.

En razón de que la sentencia comentada casó la recurrida también en cuanto a la constitución en actora civil contra la señora D.S., quien no solamente fue descargada penalmente, sino que al no retenérsele falta civil no fue objeto de condenación civil, por mandato de dicha sentencia la corte de envío está en la obligación de determinar la proporción de responsabilidad civil que corresponde contra el señor C. J. G. S, la sociedad Constructora G. & Asociados, S. A. y la señora D.S., esto así porque se ha descartado la solidaridad. De la única manera que podría revertirse la situación es si la corte de envío desconoce el mandato de la proporcionalidad de la Segunda Sala y mantiene la posición de condenación solidaria que sostuvo la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y que Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, a consecuencia de un segundo recurso imponga su imperio.

Lo que debe quedar claro dado el razonamiento del párrafo anterior es que jamás puede existir una condenación solidaria entre D.G. y la sociedad Constructora G & Asociados, S. A., pues entre ellos no existe una relación de comitente a preposé, como sí la hubo entre C. J. G. S y dicha constructora.

La sentencia comentada tendría justificación si hipotéticamente se hubiese demandando tanto a la sociedad como a su representante por su hecho personal, en virtud de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil, pues en este caso no habiendo solidaridad sería necesario proceder a actuar de conformidad con la proporcionalidad de las faltas. Pero en la especie, la jurisdicción de fondo comprobó fehacientemente que la actuación del señor C.J.G.S. fue como representante de la sociedad constructora, y no como ente ajeno a la misma.

Si C.J.G.S. cometió alguna falta en su condición de preposé de la sociedad la responsabilidad civil de la sociedad se encontraba comprometida por aplicación del artículo 1384 del Código Civil. Si el representante se excedió en sus poderes o facultades las consecuencias de ese hecho solo pueden ser invocadas por los socios de la constructora. Pero, además, hay que recordar que por el mismo juego de la responsabilidad por el hecho de otro y de la solidaridad el responsable por el hecho de otro -en este caso el comitente- se beneficia de un derecho de repetición contra el autor personal del hecho -en la especie el preposé- que le permite para recobrar la suma pagada por él.

martes, 21 de junio de 2016

HISTORIA DE UN FURGÓN JUDICIAL



(A propósito del Juzgado de la Instrucción 
de la provincia de Santo Domingo)


Imagen Periódico El Dia 

Fue tal la importancia que le atribuimos, que siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en mi discurso del 7 de enero de 2003, me referí a él como un gran logro del Poder Judicial dominicano.

Instalado de manera provisional, ha permanecido más tiempo de lo debido.  Ha sido un largo recorrido que ha tenido que transitar el furgón donde en la actualidad funciona el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo. Comprado en el Distrito Nacional y trasladado primero a Najayo, San Cristóbal, luego a La Victoria, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, para terminar finalmente en el municipio Santo Domingo Este, de esta misma provincia.  ¡Esta es su breve historia!

Cuando llegamos a la Suprema Corte de Justicia, entre los múltiples problemas que encontramos, uno que revestía una importancia capital por el impacto social que causaba, era el relativo al traslado de las personas que guardaban prisión en las cárceles del interior, de manera principal en la Cárcel Pública de Najayo, provincia San Cristóbal, porque de dicho centro era del que frecuentemente requerían personas los jueces penales y los jueces de instrucción del Distrito Nacional para fines de interrogatorios, notificaciones y otras actuaciones. Era una queja recurrente que la Procuraduría General de la República, responsable del régimen carcelario, carecería de vehículos en condiciones de cumplir con esa función. Cuando no era que el vehículo no llegaba a tiempo, era que le faltaba una goma o se había averiado en el trayecto. Esta situación conllevaba que los procesos fuesen constantemente aplazados por los jueces porque los "presos de Najayo no habían llegado".

Es en esa circunstancia que en una mañana del año 2002 mientras me trasladaba antes de las ocho de la mañana como era mi costumbre, a mi oficina de la Suprema Corte de Justicia, en el Palacio de Justicia, divisé un furgón que estaban exhibiendo para fines de venta en el parqueo de la Plaza Merengue, en la avenida 27 de febrero esquina avenida Tiradentes. Tan pronto llegué a la oficina envié al arquitecto José Lluberes (R.I.P.) para que lo examinara y viera si era apropiado para utilizarlo como un recinto judicial móvil.  Se discutió el precio y determinamos que podía cumplir con el propósito que perseguíamos.

Luego de discutir el asunto con algunos jueces del área penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encontraban concentrados todos los jueces de instrucción del Distrito Nacional y con los técnicos de la Suprema Corte de Justicia, a quienes les expuse la idea que tenía, llevé como propuesta por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la compra de dicho furgón, y que fuese destinado como juzgado de instrucción móvil en la parte frontal de  la Cárcel Pública de Najayo, provincia San Cristóbal. El Pleno aprobó nuestra propuesta, y la decisión fue comunicada a la Dirección General de Carrera Judicial dando las correspondientes instrucciones a su director, don Pablo Garrido Medina, para que se escogiera el personal que prestaría servicios en ese nuevo local judicial.

En el año 2002 quedaba debidamente instalado el Juzgado de Instrucción Móvil del Distrito Nacional, en la parte delantera exterior de la mencionada cárcel pública, el cual cumplió su misión en ese penal. Luego, en una segunda etapa, el 7 de octubre de 2002, fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, a la sazón perteneciente al Distrito Nacional, con la misma función que tenía en Najayo. Su próximo destino sería el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. ¿Cómo llegó ese furgón, convertido en recinto judicial a este último destino?

Era cuestión de tiempo que se creara una nueva estructura judicial para la zona circundante del Distrito Nacional, pues los tribunales creados no eran suficientes para atender la demanda de servicios requeridos por un territorio tan amplio como lo era en ese entonces el Distrito Nacional, que comprendía tanto la zona oriental, incluyendo Boca Chica, como la norte, Villa Mella y otras localidades, y la zona oeste del Distrito Nacional, como eran Los Alcarrizos, Pedro Brand, Herrera, etc.

Al crearse la Provincia de Santo Domingo, mediante la Ley núm. 163-01, del 16 de octubre de 2001, fue necesario establecer una organización judicial que estuviere en consonancia con esa nueva provincia y con la disminución territorial del Distrito Nacional, lo cual motivó que la Suprema Corte de Justicia sometiera en fecha 2 de abril de 2002 un proyecto de ley al Congreso Nacional proponiendo la creación de esa nueva estructura, lo que se convirtió en la hoy Ley núm. 141-02, del 4 de septiembre de 2002. ¡Una vez más el entonces máximo tribunal dominicano ejercía su iniciativa legislativa!

Una vez creada mediante la Ley núm. 141-02  la estructura judicial de la provincia de Santo domingo, constituyó un verdadero reto de la Suprema Corte de Justicia su puesta en funcionamiento. Se había dado una situación muy peculiar en el sentido de que antes de la puesta en vigencia de esa estructura el presidente de la República, Hipólito Mejía, había designado magistrado procurador fiscal del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo, al Dr. Eddy Olivares, quien no obstante su designación no tenía tribunal por ante el cual ejercer sus funciones y su despacho se encontraba en un local que le había sido prestado por un munícipe.

Uno de los problemas -independientemente de la falta de recursos económicos- con el que nos encontramos fue dónde instalar el Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo, pues los locales existentes no reunían las condiciones requeridas. Fue titánico la labor del magistrado Olivares y del gobernador provincial, Dr. Burgos, así como de diferentes dependencias de la Suprema Corte de Justicia a fin de ubicar uno apropiado. Luego de mucho indagar, encontramos un lugar en la avenida Charles de Gaulle, donde funcionó en una ocasión una especie de motel, el cual fue alquilado y acondicionado. Ahí se instaló el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, el cual por más ampliaciones y remodelaciones que se le hicieron al final resultó pequeño para la actividad judicial que la zona demandaba.

Las precariedades de espacios en el Palacio de Justicia de esa provincia, motivó a la magistrada Olga Herrera Carbuccia, a la sazón presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese departamento judicial, a solicitar a la Suprema Corte de Justicia que se trasladara el “furgón judicial”, que se encontraba en La Victoria, para ser instalado en el patio de ese palacio de justicia. Esta petición fue atendida, y el referido furgón se convirtió en el Juzgado de Instrucción de esa provincia.

Debo señalar que el Poder Judicial puso en funcionamiento la estructura judicial de la provincia de Santo Domingo sin que le asignaran a esos fines un solo peso adicional.

Con la creación de la estructura judicial de la provincia de Santo Domingo se transformó totalmente la composición de la administración de justicia tanto en el Distrito Nacional como en esa provincia, lo que me motivó a que en el mes de enero de 2001 publicara para el Poder Judicial una pequeña obra que denominé La actual organización de los departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo -Su complejidad-, donde hice un análisis de la situación que imperaba en ambos departamentos judiciales antes de la creación de la provincia de Santo Domingo y a la luz de las leyes núms. 50-00  y  141-02.

            

lunes, 11 de enero de 2016

LA CONCOMITANCIA DE LOS COMITENTES


(Un tema de responsabilidad civil)
Fuente: Wiki commons
Como muchos saben, la responsabilidad civil es una rama de las ciencias jurídicas que tiene por finalidad reparar el daño que se causa a otro cuando ese daño no está autorizado por la Constitución y por las leyes adjetivas; pues hay daños que se encuentran autorizados infligir. Es un principio antiquísimo y con una gran dosis de equidad y de justicia, que descansa sobre la base de que todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo. No debe confundirse la responsabilidad civil con la responsabilidad penal, porque esta solo lesiona el interés de la sociedad, mientras la primera perjudica por lo regular a un particular. Desde luego, hay hechos que causan daños tanto a la sociedad como a los particulares: matar a una persona compromete la responsabilidad penal y la civil del autor del hecho y de otras personas.  La diferencia es importante porque para que haya responsabilidad penal se requiere de una disposición legal que previamente sancione el hecho cometido, mientras que la responsabilidad civil existe independientemente de que el hecho se encuentre sancionado. Por esta razón es que la máxima "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege" solo tiene aplicación desde el punto de vista de la responsabilidad penal.
Lo normal es que quien esté obligado a reparar el daño sea quien lo causó, es decir su autor directo; pero en ocasiones el daño lo ocasiona una persona que depende de otra persona. Cuando el daño lo ocasiona uno mismo, se dice que compromete su responsabilidad personal; en cambio cuando lo ocasiona otro, lo que se compromete es la responsabilidad por el hecho de un tercero, denominándose la persona civilmente responsable.
La complejidad propia de la vida moderna nos empuja a requerir personas que nos auxilien en el cumplimiento de nuestras funciones o que coadyuven con ellas, tejiéndose de esa manera una red que facilita tener bajo nuestra subordinación o dependencia a muchas personas de cuya conducta dañosa debemos responder económicamente.
Dentro de las personas que deben responder por el hecho de un tercero se encuentra el comitente en los términos del 1384, párrafo 3ro.  del Código Civil, entendido como la persona que tiene el derecho o el poder de dar órdenes a otra llamada "preposé", en cuanto al cumplimiento de las funciones encomendadas. Lo que caracteriza la relación de comitente a preposé es el vínculo de subordinación a que el segundo se encuentra sometido al primero. La calidad de comitente se adquiere tan pronto una persona tiene el poder de darle órdenes a otra, pues esa noción se explica por la idea de autoridad, por la posibilidad de darle instrucciones a la persona que se encuentra bajo su dependencia y de vigilar su ejecución. De ahí que se hable de la relación de comitente a "preposé”.
Los modos de establecer en la práctica la prueba de ese vínculo ha sido una de las grandes innovaciones de la jurisprudencia dominicana, para lo cual ha recurrido a las presunciones, siendo los accidentes de vehículos de motor el área de mayor impacto y su terreno más fértil, en un proceso evolutivo que se inició en el año 1969 y que no se ha detenido desde entonces. (En mi obra "Tratado práctico de la jurisprudencia dominicana", trato el tema con relativa amplitud en ese aspecto).
Cuando varias personas tienen la facultad de dictar órdenes sobre cómo debe ejecutarse la función encomendada se forma una cadena de mando, por lo que resulta relevante establecer cuál de esas personas es la que efectivamente tiene ese poder, pues la jurisprudencia dominicana tradicional ha sido constante en considerar que la subordinación hacia una sola  persona es de la esencia misma de esa esfera de la responsabilidad civil. Razonaba en ese sentido nuestra jurisprudencia que la calidad de comitente no puede ser compartida por varias personas sino que sólo uno es el que tiene el poder de control y dirección sobre el preposé.
En nuestro país, ocurría con mucha frecuencia que un vehículo de motor se encontraba registrado en propiedad a nombre de una persona y la póliza de seguro que amparaba la responsabilidad civil por los daños ocasionados por ese vehículo se encontraba a nombre de otra. Esto tenía como consecuencia que al ocurrir un accidente la víctima tenía un dilema en cuanto a determinar contra quién debía dirigir su acción en reparación de los daños y perjuicios sufridos. No existía duda en cuanto a que contra el propietario del vehículo existía una presunción de responsabilidad, conforme al criterio jurisprudencial, pero en cierta medida era incierta la situación de la persona a nombre de quien se encontraba emitida la póliza de seguro, es decir el suscriptor, pues no podía ser condenada porque no era la propietaria del vehículo asegurado, y lo más probable es que hubiese permanecido ajena al accidente causante de los daños. Y es que el mero hecho de ser el suscriptor o asegurado en una póliza no significaba que se fuera responsable civilmente por los daños causados por el vehículo que amparaba la póliza. De la única manera que podía ser condenada era si se probaba que era comitente del conductor o si había sido el conductor mismo.
Para remediar esa situación el art. 124, letra b) de la ley 146-02, Sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, que derogó en su art. 273 la ley 4117 de 1955, sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor y sus modificaciones, dispuso que para los fines de esa ley, se presume que el suscriptor o asegurado o el propietario del vehículo asegurado es comitente de la persona que lo conduzca y por lo tanto civilmente responsable de los daños causados por ese vehículo. 
A pesar de que de lo anterior parece derivarse que esa responsabilidad es simultánea o acumulativa, en el sentido de que tanto el suscriptor o asegurado como el propietario son conjuntamente responsables, dejándose abierta la posibilidad de que dos o más personas pudieran ser civilmente responsables del daño causado por un conductor de un vehículo de motor, el criterio dominante en jurisprudencia dominicana es que se trata de una responsabilidad alternativa y no simultánea. O bien el responsable es el suscriptor, llamado también asegurado, o bien el propietario del vehículo asegurado.
Lo anterior se justifica en razón de que como hemos expuesto anteriormente, la comitencia está fundamentada en la real y efectiva subordinación de una persona y en la capacidad de dar órdenes o instrucciones, por lo que no puede haber una comitencia simultánea de dos personas distintas a consecuencia de un mismo hecho, pues es a una sola persona a quien se encuentra subordinada el autor del daño o preposé.
Ese artículo de la Ley de Seguros y Fianzas  fue interpretado por la Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia  en el sentido de que el criterio de comitencia se encuentra reservado para una sola persona, para lo cual dijo:“Considerando, en cuanto al primer aspecto invocado, que ciertamente esta Cámara ha mantenido que cuando se trata de responsabilidad civil, derivada de la existencia de una infracción de tránsito, el conductor preposé sólo puede estar subordinado y recibir órdenes de una persona, por lo que no procede condenar dos personas o empresas como comitentes...".[1]
En el año 2008 la misma Cámara mantuvo el criterio de: “Considerando, que los recurrentes, esgrimen que la Corte a-qua incurre en franca violación al artículo 124 de la Ley 146-06, en el sentido de que condena a la beneficiaria de la póliza y al tercero civilmente responsable, ambos como comitentes, en franca violación a los preceptos legales, olvidando el juez actuante que la comitencia no es divisible, ya que solo es uno comitente y no dos como estipularon los jueces de la Corte a-qua; Considerando, que efectivamente, la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado, que condena tanto la propietaria del vehículo como a la beneficiaria de la póliza, ha cometido una violación a la ley, puesto que si bien es cierto que la Ley 146-02 en su artículo 124 establece que se pueden condenar a estos titulares, esto es excluyente, o sea, a condición de que se condene u otro, no a ambos conjuntamente".[2]
Como se observa, el criterio dominante en materia de accidentes de vehículos de motor es el de la comitencia única. ¡No puede haber más de un comitente!
Sin embargo, fuera del ámbito de los accidentes de vehículos, la misma sentencia del 7 de junio de 2006 de  la Segunda Cámara de la Suprema Corte de Justicia, sin abandonar su criterio de la comitencia única para la responsabilidad derivada de los accidentes de vehículos de motor, consideró que existe la posibilidad de una comitencia acumulativa y no única. En la especie dicha cámara dijo: "la situación es muy distinta, puesto que existe una responsabilidad civil acumulativa, tal y como apreció correctamente la Corte a-qua, pues se trata de una empresa de guardianes privados que asigna a uno de sus agentes para vigilar un Hotel durante un tiempo determinado, conservando, como es natural, una subordinación que subyace en la obediencia debida a la misma, pero que transitoriamente, y mientras dure el servicio, está subordinado y debe obedecer órdenes de los ejecutivos de esta última, quienes pueden asignarle determinadas áreas de vigilancia o incluso ordenarles que restrinjan el acceso a sus instalaciones, lo que pone de manifiesto que existe una comitencia concomitante;".[3]
Años después, mediante sentencia del 19 de agosto de 2013, la misma Segunda Cámara (Sala, a partir de la Constitución de 2010), reiterando su criterio en cuanto a la comitencia única en materia de accidentes de vehículos de motor y de la comitencia acumulativa en otro caso dijo:
"Considerando, que la Corte a-qua, al confirmar la decisión de primer grado, en cuanto a la relación de comitencia-prepose que existe entre ambas razones sociales con el imputado, estableciendo que “éste cometió esta acción mientras se desempeñaba como vigilante de la razón social Guardianes Dominicanos, prestando servicios en el Supermercado Jumbo Express, y perseguía a una persona sospechosa de haber cometido un robo en el establecimiento comercial donde laboraba. Como puede apreciarse, estos aspectos fácticos fijados por el Tribunal a-quo son suficientes para retener la responsabilidad civil de estos recurrentes”, actuó conforme al criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia, por lo que procede también rechazar este medio alegado por los recurrentes;".
Un resumen apretado de los criterios jurisprudenciales lo que nos indica es que mientras en el ámbito de los accidentes de vehículos de motor existe una comitencia única y por lo tanto una sola persona civilmente responsable, en otros hechos generadores de responsabilidad civil se admite la comitencia acumulativa, es decir, la posibilidad de que existan más de una persona civilmente responsable, lo cual ocurre cuando existe una subordinación permanente a una entidad o persona y cuando existe al mismo tiempo una subordinación temporal a otra persona.
De la existencia de una comitencia acumulativa se derivan consecuencias muy importantes en cuanto a las indemnizaciones y la cuantía en que ellas deban ser soportadas por los comitentes o personas civilmente responsables. 
Un principio fundamental de nuestro sistema de responsabilidad civil al momento de fijar las indemnizaciones pertinentes que los jueces deben tomar en cuenta es que si bien es cierto, en principio, los jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, no es menos cierto, que ese poder no puede ser tan absoluto que llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad y sin que las mismas puedan ser objeto de críticas por parte de la Suprema Corte de Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se ha consagrado que las indemnizaciones deben ser razonables en cuanto a la magnitud de la falta cometida, y proporcionales con relación a la magnitud del daño recibido.
Ese principio es de aplicación general tanto para la comitencia única como para la comitencia acumulativa. Sin embargo, mientras en la primera las indemnizaciones impuestas deben ser soportadas únicamente por el comitente único [salvo que también se condene al autor del daño por su hecho personal], en la segunda debe tomarse en cuenta el grado de responsabilidad individual que pudiera tener cada uno de los comitentes acumulativos en relación a la falta de su preposé, circunstancia que se encuentra bajo el control casacional. Es importante destacar en este aspecto, que no le es dable al tribunal imponer una condenación solidaria entre los comitentes acumulativos, pues esto implicaría que el beneficiario de la indemnización pudiera exigir la totalidad del pago a cualquiera de ellos. Se requiere precisar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y de esa manera fijar el monto indemnizatorio. La indemnización se determinará tomando en cuenta la concurrencia de faltas de cada comitente.
La existencia en nuestro país de un sistema dual de comitentes (el comitente único y los comitentes acumulativos) es una manifestación palmaria de que nuestro régimen de responsabilidad civil, cuya creación ha sido fruto de la jurisprudencia dominicana, tanto suprema como inferior, ha seguido trillando positivamente la creación de una responsabilidad civil netamente dominicana, que como he dicho en otras ocasiones marcó su inicio en el año 1969 y no ha dejado de evolucionar y que parece todavía no ha encontrado techo.
La creatividad de la jurisprudencia dominicana en ese sentido es digna de encomio, contrario a lo que ocurre en otras materias, donde el copy paste se enarbola constantemente, castrándose la iniciativa propia.