sábado, 12 de julio de 2014

“Me lo contó el Ozama"


Un libro cautivador, pero con lectores cautivos



Mientras el pasado 29 de junio asistía a la apertura de la mini feria del libro que con frecuencia organiza los domingos  la dinámica Verónica Sención en un reconocido centro comercial de la ciudad, comenté con algunos intelectuales y libreros expositores que acababa de leer un interesante libro que hasta que llegó a mis manos desconocía su existencia, de la autoría del prolífico Bernardo Vega con el título “Me lo contó el Ozama”. El desconocimiento de esa obra por parte de las personas con quienes conversé, y más en ese ambiente, me desconcertó, razón por la cual cuando regresé a mi hogar leí los créditos de la obra, y ahí encontré la respuesta.

Tal vez la razón de ser del poco conocimiento que de ella se tiene es que fue una publicación de Cumbre Nazca Saatchi & Saatchi, para la Fundación AES Dominicana, cuyo autor, como dije anteriormente es Bernardo Vega. Siendo así es lógico pensar que el mercado de circulación era un mercado cautivo, quizás para ser distribuidos entre amigos y relacionados.

“Me lo contó el Ozama” fue un obsequio de  la empresa patrocinadora por haber accedido a dictar una charla a sus empleados sobre los valores. ¡Confieso que me pagaron con creces lo que para mí no era más que una contribución a resaltar la buena conducta de los ciudadanos en la sociedad, pues se trata de una magnífica obra,  de cuyo contenido quiero comentarles mi impresión.

El Ing. Pedro Delgado Malagón, uno de nuestros sólidos intelectuales, en el “Preludio a las voces de un río”, que aparece en el misma obra, nos dice que “El espíritu de esta ciudad y sus manes tutelares habrán de agradecer a la tenacidad de Bernardo Vega el compilar y aprehender estas figuras y estos recuerdos que, cual Ofelia, ahogada de amos entre los sueños y las flores, se nos escapan en los caudales oscuros de un Ozama inextinguible. En el que, alguna vez, bien pudo Narciso mirar su rostro reflejado en el espejo de esas aguas claras y primaverales, que asombraran a los primeros errabundos de la Europa lanzada al abismo de un ensueño remoto y violento y desmedido”.

Un valor agregado que posee la obra es haber rescatado del olvido no solamente el poema “Romance al Ozama”, sino a su propio autor, el enigmático Juan Sánchez Lamouth, quien escribiera:

Deseo preguntarte río maestro
Que aún conservas leyendas de los colones y los filibusteros,
Si el pueblo fue hasta ti,
O fuiste tú que fuiste rumbo al pueblo.

Se trata de gran parte de la historia de la ciudad de Santo Domingo contada por el río que le da nombre a la obra: el río Ozama. Su autor pone en boca del río, convertido en un ameno narrador,  su propia opinión sobre los hechos relatados, así como la de otros historiadores, con documentos veraces.

El Ozama, ya no con sus aguas cristalinas, como las que poseía cuando comienza su narración y sin poseer “muchos pescados, de muy  hermosas lizas” y “grandes manatís”, sino esas aguas que arrastran miserias, mugre, contaminación y desesperanzas, nos cuenta la razón por la cual la primera ciudad de la isla, denominada La Isabela, fue fundada en el norte y posteriormente trasladada hacia sur, con el nombre de Nueva Isabela, y posteriormente Santo Domingo, para lo cual fueron convencidos los colonizadores por otro español enamorado de la india  Ozema, de que en esa parte de la isla era que se encontraba el oro.  Desde el principio el río aclara que su nombre no se debe a la india Ozema, sino que desde antes los indios taínos  lo llamaban así.

El río da su propia versión sobre las razones por las cuales la ciudad de Santo Domingo fue fundada en su margen oriental y no con su frente al mar, como debería haber sido, sino frente a él, explicando brevemente que de esa manera se protegía con los altos farallones existentes y porque además por el lado del mar este impedía su entrada, pues carecía de playa. Se lamenta el narrador de que los historiadores no se hayan puesto de acuerdo en cuanto a la fecha en que Bartolomé Colón fundó la ciudad que lo bordea, barajándose los años 1494, 1496,  1497 y 1498. Da testimonio de que sí fue trasladada a la margen occidental en el año 1502 por Nicolás de Ovando, quien llegó a la ciudad acompañado de más de treinta carabelas. Fue testigo del apresamiento y engrillamiento en 1498 del Almirante de la Mar Océana, don Cristóbal Colón, en una profunda fosa, encima de la fuente de agua en la ribera oriental.

En su amena narración el río Ozama nos recuerda que desde su desembocadura partieron flotas y personas que conquistarían nuevos mundos, como Francisco Pizarro, hacia Perú; Hernán Cortés, hacia México; Diego Velásquez, hacia Cuba; Rodrigo de Bastidas, hacia Panamá y Colombia y Alonzo de Ojeda, hacia Venezuela, entre otros. Allí apareció mucho oro, pues en esta isla tan solo aparecía en los ríos. Con nostalgia nos cuenta que con la conquista de Tenochtitlán en 1521, la ciudad de Santo Domingo comenzó a perder importancia.

Nos dice que Santo Domingo era tan pobre en el año 1690 que un visitante escribió que “celebránse los días de preceptos misas de noche, mucho antes de amanecer, porque de no ser así se quedarían sin oirla las dos tercias partes de la gente de ambos sexos, por no tener vestidos decentes en la ciudad donde todos son conocidos”

Nos relata las devastaciones de Osorio y sus consecuencias; diferentes invasiones de las grandes potencias y las veces que el pabellón nacional fue arriado y enhestado según el país del conquistador de que se tratara. Así como de las tropelías cometidas contra la ciudad y sus habitantes por los diferentes piratas, entre ellos, Drake. Nos explica el origen de Haití y las invasiones y lucha por la independencia que tuvimos que librar en diferentes épocas y contra diferentes naciones.

La narración le da mucha importante a la llegada antes de los seis años posteriores a la Independencia de 1844 de  dos americanos, uno de ellos llamado Melbye, quien se trasladó a la ribera oriental del río y pintó a color  lo que se puede considerar el primer cuadro sobre el entorno del río y tal vez el primer cuadro paisajístico hecho en la República Dominicano. El otro pintor, Camille Pizarro, descendiente de dominicanos, no usó colores, sino plumilla, pintando la playa occidental del Ozama. Ambas pinturas aparecen reproducidas en la obra.

En “Me lo contó el Ozama” aparece una pintura de Taylor, pintor importante que trabajaba para reconocida revista ilustrada, quien llegara en el año 1871 a bordo de la fragata de carbón Tennessee, en la cual se plasma el mercado de la playa, frente a la Puerta de San Diego, donde se observa la gran ceiba en el fondo y la báscula para pesar la madera preciosa que se exportaba, así como un buey, usual medio de transporte en la época.

Nos cuenta la obra la llegada en el año 1858 de la fragata norteamericana Colorado, considerado como el primer barco llegado al país que utilizaba carbón para su locomoción. Así como en el 1869 el buque Tybee, corbeta de madera con motor de vapor,  iniciaba el primer servicio regular ente Nueva York y Santo Domingo.  Pero también de la llegada durante el gobierno de José Bordas Valdez, en el año 1914,  del primer avión, que aterrizó en una zona llana de Pajarito, y del primer hidroavión.

Así discurre la obra, narrando con elegancia todos los acontecimientos más importantes  ocurridos en la ciudad de Santo Domingo: la construcción en el año 1876 del primer puente sobre el Ozama, construido de hierro y madera por un extranjero llamado Howard Crosby al cual había que pagarle para cruzarlo y que una corriente de agua lo destruyó; la construcción y destrucción parcial del puente Ulises Heureaux a causa del ciclón San Zenón; la ocupación norteamericana el año 1916; el encallamiento del acorazado norteamericano Memphys, en el antepuerto.

Ya en su parte final de la obra el río nos dice que el sátrapa Trujillo fue el que más lo perjudicó, no obstante haber adquirido fuerza política y militar desde la fortaleza Ozama, haciendo construir un feo y alto muro alrededor de ella para evitar que sus presos políticos pudieran escapar de la Torre del Homenaje, tapando el paisaje que por más de cuatrocientos años había caracterizado la ría y su entorno, un alto despeñadero sobre el cual se batían las olas. Pero también construyó toda una larga avenida bordeando el mar, que llamaría “US Marine Corps”. “Mi ciudad, que siempre tuvo de cara al curso fluvial, al lado pero no frente del mar… de espaldas al mar, ahora, de pronto, miraba hacia él, no hacia mí”.

La nostalgia de la obra se deja sentir cuando el río nos dice que los barcos de carga dejaron de venir por su cauce, así como los pasajeros, pues se fueron a otros ríos, excepto lo que ahora traen a grupos de extranjeros que solo pasan horas en sus aguas. Esos grandes buques de lujo se fondean en la margen oriental, pero debido al muro construido por el dictador sus pasajeros no pueden apreciar la fortaleza y sus peñascos. El poeta José Mármol, al contemplar mi deterioro, me describiría como una “superficie de luces agotadas donde apenas el sonido de la sombra suena”.

Concluye desgarradoramente el río: “La vida está llena de ironía: La noche que los dominicanos, por fin, salieron de ese señor, acribillándolo a balazos, lo hicieron precisamente en esa larga avenida que bordea el mar, y fue de ese mara, y no mi cause, los último que ve ese mal hombre”.

La obra “Me lo contó el Ozama”, en el fondo de lo que trata es de una crítica al estado en que se encuentra ese río que antaño tenía “muchos pescados, de muy  hermosas lizas” y “grandes manatís”, y hoy muere poco a poco con la indiferencia consciente de sus habitantes, que prefirieron darle el frente al mar y a él sus espaldas. ¡Qué pena que el auditorio donde el río expresa sus sentimientos no tenga mayor capacidad para escuchar sus lamentos!


domingo, 25 de mayo de 2014

Presunción irrefragable de comunidad de bienes en las uniones consensuales


Imagen Wikicommons

“La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley”. (Art. 55, numeral 5 de la Constitución de la República”

El asunto de saber si una mujer que se encontraba unida a un hombre por una unión de hecho, denominada en la actualidad unión consensual y antes relación concubinaria, se beneficiaba de alguna protección de ley se planteó por primera vez en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad delictual o cuasidelictual, y más específicamente, en el ámbito de los accidentes automovilísticos, al cuestionarse si ella tenía derecho a demandar judicialmente la reparación de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la muerte de su compañero sentimental.

Era la época de la denominada familia natural, que solamente generaba derechos y obligaciones con respecto a los hijos que habían sido reconocidos, ya sea voluntariamente o a través de la acción en reconocimiento judicial de paternidad, a los términos de la ley núm. 985, de 1945, sobre Filiación de Hijos Naturales. Dado que el último tema lo abordamos con anterioridad en http://jorgesuberoisa.blogspot.com/2012/08/prescripcion-de-la-accion-en.html, por lo tanto nos remitimos a lo expresado en el mismo. Pero en la relación entre hombre y mujer, es decir compañeros o concubinos, la familia natural carecía del reconocimiento de la ley y en consecuencia no generaba derechos entre sí.

Para negarle calidad a la mujer para accionar en responsabilidad civil a consecuencia de la muerte de su concubino la jurisprudencia dominicana recurrió durante muchos años, de la misma manera que lo había hecho la francesa, a exigir los requisitos para el ejercicio de la acción judicial de derecho común, entre los que se encontraba la lesión de un interés jurídicamente protegido y la preexistencia de un vínculo de derecho entre el demandante y la víctima primaria. Era la época en que al decir del Dr. Salvador Jorge Blanco la tendencia de nuestra jurisprudencia era la de preservar el orden familiar legalmente reconocido, rechazando aquellas situaciones que tendían a introducir un elemento extraño en las instituciones familiares.

La relación entre un hombre y una mujer unidos no por el vínculo matrimonial comenzó a tener cierto reconocimiento legal en la República Dominicana con la ley 14-94, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al disponer en su artículo 19 que se entiende por familia, además de la basada en el matrimonio, la comunidad formada por un padre y una madre, o por uno de ellos y sus descendientes nacidos de una unión consensual o de hecho. Posteriormente la ley 136-03, denominada Código para el Sistema de Protección y  los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 58, literal a), comprende dentro de la familia el padre y la madre, los hijos(as) biológicos(as), adoptados(as) o de crianza, frutos de un matrimonio o de una unión consensual.

Las consecuencias de la vigencia de la ley 14-94 y de la 136-03 se hicieron sentir a nivel jurisprudencial. Es así como la Segunda Cámara (hoy Sala) de la Suprema Corte de Justicia mediante su sentencia del 17 de octubre de 2001, B.J. 1091, dijo “que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza”.

Pero no bastaba una unión consensual cualquiera para que ella generara derechos, sino que la misma sentencia estableció los criterios sobre cuya base esa relación podía generar derechos y obligaciones entre las personas vinculadas, y más allá de los mismos. Al efecto dicho tribunal  dijo: “…siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes: a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros o en forma simultánea, o sea, debe hacer una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esa condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí”.[1]

A esos criterios o requisitos se adhirió posteriormente la Primera Cámara (hoy Sala) de la S.C.J. Sin embargo, en varias sentencias posteriores, aunque reconociendo los efectos de esas uniones consensuales y admitiendo la existencia de una sociedad de hechos entre ellos, se resistía a considerar que  esa relación originara la  presunción legal de comunidad de bienes que tiene el matrimonio. Expresó al efecto en el año 2005: “La relación de hecho no disfruta de la presunción legal de comunidad de bienes que tiene el matrimonio, al no existir regulación legal respecto a los bienes fomentados por los concubinos, y por no contar con el carácter contractual que caracteriza al matrimonio, lo que se materializa al momento de que el mismo es celebrado por ante el oficial del estado civil, puesto que la administración y suerte del patrimonio común el matrimonio está sujeta a los regímenes matrimoniales, que para ser aplicados a cada matrimonio en particular, se tomará en cuenta la voluntad expresa o no de ambos cónyuges de escoger alguno en específico, sea el de separación de bienes o el de la comunidad legal.”[2]

Durante algunos años en la jurisdicción civil de nuestra Corte de Casación prevalecía el criterio de que, si durante una unión consensual los concubinos aportan recursos de índole material o intelectual en la constitución o fomento de un patrimonio común, lo que en realidad se forma entre ellos es una sociedad de hecho, la cual puede ser establecida por cualquier medio de prueba, y sujeta a las reglas de partición que establecen los artículos 823 y siguientes del Código Civil.[3] Ese criterio jurisprudencial ha variado, como veremos más adelante.

A partir de la precitada sentencia de la Segunda Cámara del 17 de octubre de 2001 el proceso evolutivo de las relaciones de las uniones establecidas fuera del matrimonio tiene un saldo favorable a las uniones consensuales, reconociendo  la jurisprudencia no solamente que un concubino pueda derivar derechos tendientes a la reparación de los daños por la muerte de su compañero, sino que es la propia Constitución de la República  la que consagra que la unión singular entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimoniales, que forma un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales.

Como un reflejo de la continuación de ese proceso favorable a las uniones consensuales, y ya dentro del marco establecido por la Constitución de la República proclamada el 26 de enero de 2010, nos encontramos con la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del 3 de julio de 2013, que manteniendo los requisitos para que la unión consensual pueda generar derechos y obligaciones entre las personas vinculadas, que había exigido la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de octubre de 2001, varió su criterio anterior el cual se encontraba asentado en que “La relación de hecho no disfruta de la presunción legal de comunidad de bienes que tiene el matrimonio.”

Para variar su criterio, dicha Sala expuso, en uno de sus considerandos más significativos, lo siguiente:
Considerando, que para un mayor abundamiento vale destacar que, el criterio jurídico expuesto por la corte a-qua es compartido por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en razón de que, si bien es cierto que el Código Civil Dominicano no reglamenta las relaciones que surgen del concubinato, no menos verdadero es que interpretar que las parejas unidas por este tipo de relación no tienen derechos, sería contrario a los principios constitucionales vigentes relativos a la igualdad, la dignidad humana y la familia, consagrados en los artículos 38, 39, y 55 de la Constitución y, especialmente, el numeral 5) del artículo 55, que establece  que, “la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley”; que, además, al reconocer como derechos fundamentales los derechos de la familia en el numeral 11 del artículo antes mencionado, nuestra Carta Magna reconoce el trabajo del hogar como “actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social”; que, en efecto, mantener una visión contraria a tales conceptos constitucionales, estimularía y profundizaría la desigualdad e injusticia en las relaciones sociales y vulneraría derechos fundamentales de la persona humana, toda vez que al reconocer que la unión singular y estable, como la instituida en la especie, genera derechos patrimoniales y que el trabajo doméstico constituye una actividad económica que genera riqueza y derechos, además, es innegable, desde esta concepción, que los bienes materiales no son los únicos elementos con valor relevante a considerar en la constitución de un patrimonio común entre parejas consensuales; que, en consecuencia, al comprobar la corte a-qua una relación de concubinato “more uxorio” existe una presunción irrefragable de comunidad entre los concubinos, no siendo necesario exigírsele a la hoy recurrida, la prueba de la medida en que los bienes fomentados han sido el producto del aporte común, sin tomar en cuenta que dichos aportes no necesariamente deben ser materiales para la constitución del patrimonio común;”.[4]  

La jurisprudencia dominicana había enarbolado el principio de que el simple hecho de la existencia de la unión consensual o de concubinato no implicaba por sí sola una sociedad, salvo que la concubina no demostrara su participación en esa sociedad de hecho fomentada con su ex conviviente, la proporción en que ella contribuyó al incremento y producción de esa sociedad y cuáles fueron sus aportes a la misma.

Sin embargo, continuando su proceso en beneficio de las uniones consensuales, en la actualidad la jurisprudencia dominicana a partir de la existencia de una relación de concubinato “more uxorio” deriva las consecuencias siguientes:

Ø  Existe una presunción irrefragable de comunidad según la cual no se exige de la prueba previa de una sociedad de hecho;
Ø  Para la partición de los bienes no se requiere de la prueba de aportes materiales o intelectuales de los concubinos, bastando la prueba del concubinato existente entre las partes;
Ø  Que los aportes de los concubinos no necesariamente deben ser materiales para la constitución del patrimonio común; también son aportes cuando se trabaja en las labores propias del hogar, tarea que es común en nuestro entorno familiar como propia de la mujer;
Ø  Que el concubinato produce efectos asimilables al matrimonio;
Ø  Que la primera etapa, el tribunal apoderado debe limitarse a ordenar o rechazar la partición y, si la demanda es acogida,  le sigue una segunda etapa que consistirá en las operaciones propias de la partición, a cargo de los peritos, que se encargan de tasar los inmuebles e indicar si son o no de cómoda división;
Ø  Que la partición de la comunidad  creada por las uniones consensuales se rigen por el artículo  823 y siguientes del Código Civil,  y por lo tanto todo lo concerniente a la acción en partición y las contestaciones relacionadas con esta, incluidas las relativas a los bienes que conforman la masa a partir, incumben al juez comisionado para conocer de la partición;
Ø  Que el artículo 1399 del Código Civil, a cuyo tenor “La comunidad sea legal o convencional, empieza desde el día en que el matrimonio se ha contraído ante el Oficial del Estado Civil: no puede estipularse que comience en otra época”, solo regula la situación jurídica del matrimonio, no la de las uniones consensuales.
Ø  El artículo 815 del Código Civil dominicano, le reconoce a las partes el derecho de no permanecer en estado de indivisión.

No tenemos dudas de que la evolución de la jurisprudencia dominicana seguirá acercando cada día más los efectos de las uniones consensuales a las derivadas del matrimonio, no solamente por un mandato constitucional, sino también por una realidad social de nuestro país. Debemos apoyar ese proceso evolutivo.




[1] Subero Isa, Jorge A., Tratado práctico de la responsabilidad civil dominicana, núm. 109.
[2] Primera Sala, S.C.J., 4, 9 noviembre 2005, B.J. 1140, págs. 122-131, Luciano Pichardo, Rafael, Un lustro de jurisprudencia civil II (2002-2007), núm. 148.
[3] Primera Cámara, S.C.J., 20 agosto 2003, B.J. 1113, págs. 117-122, ídem.
[4] Primera Sala, S.C.J., 3 de julio de 2013, recurrente Antonio Veloz Méndez vs. Alvis Núñez Rodríguez. En el mismo sentido, Primera Sala, S.C.J., 18 de septiembre de 2013, recurrente Juan Francisco Abreu Castillo vs. Claudia Francisca García.

viernes, 11 de abril de 2014

OTRO APORTE DE EDGAR BARNICHTA A LA BIBLIOGRAFIA JURÍDICA DOMINICANA



Cuando determinadas circunstancias ajenas constituyen para unos causas de doblegamiento, para otros no son más que causas eficientes motorizadoras de superación y de salvación de obstáculos. Los últimos son personas dotadas de una recia personalidad y de una voluntad férrea que se convierten en referentes obligados para los demás.

No recuerdo con certeza cuando fue mi alumno, pero puedo asegurar que lo fue en la década del 80 en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Desde el principio manifestó una pasión por sus estudios y su aprovechamiento no solamente se ponía de manifiesto en las evaluaciones regulares, sino también en su participación activa en la clase. Fue un buen alumno. Ya con el diploma de Licenciado en Derecho pasó algunos años dedicados en la entonces Secretaría de Estado de Finanzas donde descolló por su capacidad de trabajo, por su dedicación y sobre todas las cosas por el dominio que ya tenía del tema tributario. Esa experiencia, unida a sus estudios en el país y en el extranjero  lo catapultó como uno de los más calificados técnicos dominicanos en materia tributaria. Me refiero a Edgar Barnichta Geara.

Barnichta Geara es un autor prolífico que nos ha brindado la oportunidad de abrevar en sus obras, entre  las cuales debemos destacar Derecho Tributario Administrativo, Estudio del Código Tributario, Mora y Evasión Tributaria, Jurisprudencia Tributaria Dominicana, tomos I y II, Código Tributario, Impuestos y Exenciones, en diferentes ediciones, entre otras. Ahora presenta a la comunidad jurídica su obra “Jurisprudencia Constitucional Dominicana”, editada en el mes de marzo del presente 2014.

En esta época de nuestra historia donde se encuentra de moda la materia constitucional, una obra sobre esta, y más concretamente sobre jurisprudencia constitucional, constituye un atractivo agregado por la capacidad de exposición del autor, pues la jurisprudencia desde siempre ha constituido no solamente una importante fuente de derecho sino que lo mantiene vivo, actualizado y en consonancia con los tiempos que corresponden al momento cuando el juez tiene que decidir un asunto sometido a su consideración.

En su Presentación el autor nos dice: “Como garantía del cumplimiento de la Constitución están los tribunales; organismos descentralizados y autónomos del gobierno encargados de conocer sobre posibles violaciones a la Constitución y las leyes y de hacer respetar las normas jurídicas vigentes, aún por encima del propio gobierno. Son pues, los tribunales, quienes exigiendo una verdadera tutela judicial y el cumplimiento del debido proceso, constituyen los órganos que tienen la última palabra respecto a la constitucionalidad”.

Sobre la importancia de la obra el licenciado Barnichta Geara nos dice en otra parte de la Presentación lo siguiente: “Debido a la importancia de conocer sobre la constitucionalidad y las opiniones y decisiones de los tribunales en esta materia, esta obra recoge un breve análisis de la constitucionalidad en nuestro país, así como un índice alfabético de todas las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional durante el año 2012 y las sentencias que en materia de acción directa en inconstitucionalidad fueron dictadas por la Suprema Corte de Justicia durante el tiempo en que dicho tribunal conocía de esa acción. Finalmente se transcribe de manera íntegra la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las disposiciones del Código Procesal Penal que se refieren al Habeas Corpus y la Ley sobre Habeas Data No. 172-13, Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal”.

“Jurisprudencia Constitucional Dominicana” está dividida en cuatro partes. La primera se refiere a la Introducción a la Constitucionalidad; la segunda, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional; la tercera parte la dedica a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en Acción en Inconstitucionalidad, y la cuarta contiene Disposiciones Legislativas, entre las que se encuentran la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; Habeas Corpus. Código Procesal Penal; Habeas Data. Ley núm. 172-13, Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

El índice alfabético donde aparecen en forma de fichas referenciales las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como las de la Suprema Corte de Justicia, así como su contenido, reflejan el trabajo enorme de observación y lectura realizado por el autor, pues para su elaboración ha tenido que leer y estudiar todas esas decisiones y colocarlas en el lugar correspondiente. Este índice es de una gran ayuda para la búsqueda del asunto que le interese al lector.

La jurisprudencia referida en “Jurisprudencia Constitucional Dominicana” contiene en su cuarta parte importantes disposiciones legislativas relacionadas directamente con los aspectos constitucionales, como  la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; las disposiciones del Código Procesal Penal relativas a los artículos del 381 al 392, relativas al Habeas Corpus; así como la Ley núm. 172-13, Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

No hay duda de que en nuestro país el tema de la constitucionalidad a partir de la introducción de la acción directa en inconstitucionalidad en la Constitución de 1994 encendió la chispa del interés por la materia, sin menoscabo de la labor desde siempre de todos los tribunales judiciales mediante el control difuso de la constitucionalidad. Sin embargo, ha sido con la Constitución de 2010 cuando el asunto ha alcanzado mayor relevancia y donde la protección de los derechos fundamentales ha sido verdaderamente un caldo de cultivo para la motorización de las acciones en inconstitucionalidad.

La obra a que nos referimos se une a otras relativas a la producción de nuestros tribunales constituyendo la jurisprudencia dominicana, como reflejo de la labor de nuestros tribunales. La misma debe estar presente como obra de consulta en todos los estudios profesionales de lso abogados y estudiantes y de todos los interesados en los asuntos constitucionales. Debemos felicitar al licenciado Edgar Barnitcha Geara por tan importante aportante. 

jueves, 3 de abril de 2014

EL JUZGADO DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL: DE LA JOSÉ MARTÍ A LA RAMÓN CÁCERES.

(Otra historia para ser contada)

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional


Al designarse en la madrugada del 3 de agosto de 1997 la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, por mandato expreso de lo dispuesto por la Constitución de la República del año 1994, el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional se encontraba funcionando en el sótano de un edificio comercial ubicado en la calle José Martí esquina avenida 27 de Febrero, que asemejaba el subterráneo de un centro carcelario, cuyas condiciones deprimían a jueces, trabajadores y empleadores, pues, entre otras cosas había un puesto de venta de pollo frito cuyo olor penetraba inmisericordemente al local. Se había dotado el tribunal con una planta eléctrica que se encontraba más en estado de reparación que de funcionamiento y cuya adquisición fue debido, según el mismo me manifestó en una ocasión, al Dr. Rafael Alburquerque, a la sazón Secretario de Estado de Trabajo.

Sin embargo, es justo reconocer que ese traslado a la José Martí fue un paso de avance extraordinario para esa época debido a que antes ese mismo tribunal funcionaba en la avenida Pedro Livio Cedeño, Ensanche Luperón, donde anteriormente funcionaba el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional. Todavía recuerdo claramente la dramática foto publicada en un periódico local, que presentaba a una de las salas de audiencias del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional sesionando debajo de un árbol colocado al frente del antiguo Juzgado de Paz de Trabajo. Los abogados que ejercían la materia en esa época han de recordar las penurias y tardanzas en los procesos por la precariedad de espacio y funcionamiento defectuoso.

Cumpliendo con el mandato de garantizar "a empleadores y trabajadores, para la solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales", según dispone el XIII principio fundamental del Código de Trabajo, la Suprema Corte de Justicia como el órgano del Estado encargado de velar por el cumplimiento de ese mandato, en el año 1998 dotó al país de jueces especializados en la materia, lo que dio al traste con el anterior sistema de elección de jueces a quienes se les encargaba de administrar justicia, sin importar su preparación ni el área de su especialización, con el único interés de ubicarlos en una posición remunerada.

Sin embargo, a pesar de la excelente selección de los recursos humanos destinados a la jurisdicción de trabajo, le faltaba algo a la justicia para que fuera más digna y respetada. Era un atropello contra los magistrados mantenerlos en condiciones físicas deplorables.

No basta la calidad de los jueces, ni del personal de apoyo para que la justicia sea rápida y eficiente. Este es un elemento importante, pero no el único. Es necesario también que los magistrados estén dotados de la comodidad que le proporciona el hábitat en que se desenvuelven y la facilitación de los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

A solicitud del magistrado Julio Aníbal Suárez, a quien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia había designado Coordinador para la jurisdicción de trabajo, asistimos juntos a visitar en la calle José Martí el referido juzgado de trabajo. Realmente las condiciones de funcionamiento eran deplorables. A las carencias de facilidades del lugar se unía el caótico tránsito de vehículos en la zona. Las condiciones en que funcionaba ese tribunal contrastaban con la Corte de Trabajo, la cual había sido objeto de un profundo cambio, pues el presidente Fernández había asumido, antes de la llegada de la entonces Suprema Corte de Justicia, la ubicación y modernización de la edificación de esa Corte, en la avenida Independencia.

Por esa razón, una de las primeras medidas de esa gestión fue buscar alternativas para la ubicación adecuada de los tribunales de trabajo en el Distrito Nacional, a fin de alojar a los magistrados y empleados con todo el confort y con la dignidad que merecían los administradores de justicia. ¡Era un reto importante que se nos presentaba!

Luego de evaluar las diferentes opciones que teníamos nos decidimos por aprovechar el edificio donde funcionaba (todavía lo hace) el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, sito en la calle Ramón Cáceres, Ensanche La Fe, del Distrito Nacional, optando por construir encima de su estructura dos pisos adicionales. Se escogió ese lugar porque ofrecía buenas condiciones de acceso al público y la edificación ofrecía ventajas para el propósito que teníamos de alojar en él las salas requeridas, así como una pequeña sala de audiencia destinada al referimiento para el presidente del juzgado de trabajo.

La nueva edificación fue dotada de despachos individuales y salas con un sistema de climatización central, mobiliario y equipos nuevos como una manifestación del interés de la Suprema Corte de Justicia hacia la jurisdicción de trabajo.

Todo el edificio fue debidamente cableado para las computadoras y el establecimiento de una gran red, que se encargaría de suministrar la información necesaria contenida en una base de datos. En lo inmediato, se dispuso un sistema aleatorio computarizado mediante el cual el Presidente del Juzgado distribuiría los expedientes entre las diferentes salas, impidiendo de esa manera que éste se convierta en árbitro de determinar la sala que ha de asignarse para el conocimiento de un asunto.

Se aprovechó para rehabilitar físicamente el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional y la Oficialía del Estado Civil de la Sexta Circunscripción del Distrito Nacional, entidad esta última que si bien no pertenece al Poder Judicial el hecho de estar alojada en el mismo edificio nos obligaba moralmente a darle el mismo tratamiento que a nuestras dependencias.

La inauguración del edificio que aloja el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional tuvo lugar el 8 de abril de 1999, lo cual coincidió con la presencia de eminentes juristas que nos visitaban en ocasión del Seminario Internacional "El Derecho de Trabajo ante el Nuevo Milenio", con motivo del 75 aniversario del ingreso a la OIT de la República Dominicana.

Recordamos parte del discurso pronunciado en aquella ocasión donde expresamos “Disponiendo en la actualidad de la infraestructura tecnológica necesaria, como son nuestra base de datos y sus servidores,  nuestra página electrónica (home page), nuestro intranet, nuestro punto de información judicial y su tecnología touch screen, así como nuestro servicio automático de información telefónica, nuestra jurisprudencia en CD, entre otros, no le tememos a solucionar los problemas laborales que necesariamente han de presentarse en los próximos años a consecuencia del progreso, principalmente en la tecnología de información y la biotecnología, conjuntamente con lo que algunos llaman la "tecnoélites" causante de lo que se considera como una nueva revolución industrial en Gran Bretaña, comparable con la que transformó las vidas laborables y creó fortunas en los siglos XVIII y XIX”.

En ese entonces el propósito era dotar esa jurisdicción de las herramientas más avanzadas a fin de poder mejorar la administración de justicia en materia de trabajo en el Distrito Nacional.