viernes, 11 de abril de 2014

OTRO APORTE DE EDGAR BARNICHTA A LA BIBLIOGRAFIA JURÍDICA DOMINICANA



Cuando determinadas circunstancias ajenas constituyen para unos causas de doblegamiento, para otros no son más que causas eficientes motorizadoras de superación y de salvación de obstáculos. Los últimos son personas dotadas de una recia personalidad y de una voluntad férrea que se convierten en referentes obligados para los demás.

No recuerdo con certeza cuando fue mi alumno, pero puedo asegurar que lo fue en la década del 80 en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Desde el principio manifestó una pasión por sus estudios y su aprovechamiento no solamente se ponía de manifiesto en las evaluaciones regulares, sino también en su participación activa en la clase. Fue un buen alumno. Ya con el diploma de Licenciado en Derecho pasó algunos años dedicados en la entonces Secretaría de Estado de Finanzas donde descolló por su capacidad de trabajo, por su dedicación y sobre todas las cosas por el dominio que ya tenía del tema tributario. Esa experiencia, unida a sus estudios en el país y en el extranjero  lo catapultó como uno de los más calificados técnicos dominicanos en materia tributaria. Me refiero a Edgar Barnichta Geara.

Barnichta Geara es un autor prolífico que nos ha brindado la oportunidad de abrevar en sus obras, entre  las cuales debemos destacar Derecho Tributario Administrativo, Estudio del Código Tributario, Mora y Evasión Tributaria, Jurisprudencia Tributaria Dominicana, tomos I y II, Código Tributario, Impuestos y Exenciones, en diferentes ediciones, entre otras. Ahora presenta a la comunidad jurídica su obra “Jurisprudencia Constitucional Dominicana”, editada en el mes de marzo del presente 2014.

En esta época de nuestra historia donde se encuentra de moda la materia constitucional, una obra sobre esta, y más concretamente sobre jurisprudencia constitucional, constituye un atractivo agregado por la capacidad de exposición del autor, pues la jurisprudencia desde siempre ha constituido no solamente una importante fuente de derecho sino que lo mantiene vivo, actualizado y en consonancia con los tiempos que corresponden al momento cuando el juez tiene que decidir un asunto sometido a su consideración.

En su Presentación el autor nos dice: “Como garantía del cumplimiento de la Constitución están los tribunales; organismos descentralizados y autónomos del gobierno encargados de conocer sobre posibles violaciones a la Constitución y las leyes y de hacer respetar las normas jurídicas vigentes, aún por encima del propio gobierno. Son pues, los tribunales, quienes exigiendo una verdadera tutela judicial y el cumplimiento del debido proceso, constituyen los órganos que tienen la última palabra respecto a la constitucionalidad”.

Sobre la importancia de la obra el licenciado Barnichta Geara nos dice en otra parte de la Presentación lo siguiente: “Debido a la importancia de conocer sobre la constitucionalidad y las opiniones y decisiones de los tribunales en esta materia, esta obra recoge un breve análisis de la constitucionalidad en nuestro país, así como un índice alfabético de todas las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional durante el año 2012 y las sentencias que en materia de acción directa en inconstitucionalidad fueron dictadas por la Suprema Corte de Justicia durante el tiempo en que dicho tribunal conocía de esa acción. Finalmente se transcribe de manera íntegra la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las disposiciones del Código Procesal Penal que se refieren al Habeas Corpus y la Ley sobre Habeas Data No. 172-13, Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal”.

“Jurisprudencia Constitucional Dominicana” está dividida en cuatro partes. La primera se refiere a la Introducción a la Constitucionalidad; la segunda, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional; la tercera parte la dedica a la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en Acción en Inconstitucionalidad, y la cuarta contiene Disposiciones Legislativas, entre las que se encuentran la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; Habeas Corpus. Código Procesal Penal; Habeas Data. Ley núm. 172-13, Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

El índice alfabético donde aparecen en forma de fichas referenciales las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como las de la Suprema Corte de Justicia, así como su contenido, reflejan el trabajo enorme de observación y lectura realizado por el autor, pues para su elaboración ha tenido que leer y estudiar todas esas decisiones y colocarlas en el lugar correspondiente. Este índice es de una gran ayuda para la búsqueda del asunto que le interese al lector.

La jurisprudencia referida en “Jurisprudencia Constitucional Dominicana” contiene en su cuarta parte importantes disposiciones legislativas relacionadas directamente con los aspectos constitucionales, como  la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; las disposiciones del Código Procesal Penal relativas a los artículos del 381 al 392, relativas al Habeas Corpus; así como la Ley núm. 172-13, Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

No hay duda de que en nuestro país el tema de la constitucionalidad a partir de la introducción de la acción directa en inconstitucionalidad en la Constitución de 1994 encendió la chispa del interés por la materia, sin menoscabo de la labor desde siempre de todos los tribunales judiciales mediante el control difuso de la constitucionalidad. Sin embargo, ha sido con la Constitución de 2010 cuando el asunto ha alcanzado mayor relevancia y donde la protección de los derechos fundamentales ha sido verdaderamente un caldo de cultivo para la motorización de las acciones en inconstitucionalidad.

La obra a que nos referimos se une a otras relativas a la producción de nuestros tribunales constituyendo la jurisprudencia dominicana, como reflejo de la labor de nuestros tribunales. La misma debe estar presente como obra de consulta en todos los estudios profesionales de lso abogados y estudiantes y de todos los interesados en los asuntos constitucionales. Debemos felicitar al licenciado Edgar Barnitcha Geara por tan importante aportante. 

jueves, 3 de abril de 2014

EL JUZGADO DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL: DE LA JOSÉ MARTÍ A LA RAMÓN CÁCERES.

(Otra historia para ser contada)

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional


Al designarse en la madrugada del 3 de agosto de 1997 la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, por mandato expreso de lo dispuesto por la Constitución de la República del año 1994, el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional se encontraba funcionando en el sótano de un edificio comercial ubicado en la calle José Martí esquina avenida 27 de Febrero, que asemejaba el subterráneo de un centro carcelario, cuyas condiciones deprimían a jueces, trabajadores y empleadores, pues, entre otras cosas había un puesto de venta de pollo frito cuyo olor penetraba inmisericordemente al local. Se había dotado el tribunal con una planta eléctrica que se encontraba más en estado de reparación que de funcionamiento y cuya adquisición fue debido, según el mismo me manifestó en una ocasión, al Dr. Rafael Alburquerque, a la sazón Secretario de Estado de Trabajo.

Sin embargo, es justo reconocer que ese traslado a la José Martí fue un paso de avance extraordinario para esa época debido a que antes ese mismo tribunal funcionaba en la avenida Pedro Livio Cedeño, Ensanche Luperón, donde anteriormente funcionaba el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional. Todavía recuerdo claramente la dramática foto publicada en un periódico local, que presentaba a una de las salas de audiencias del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional sesionando debajo de un árbol colocado al frente del antiguo Juzgado de Paz de Trabajo. Los abogados que ejercían la materia en esa época han de recordar las penurias y tardanzas en los procesos por la precariedad de espacio y funcionamiento defectuoso.

Cumpliendo con el mandato de garantizar "a empleadores y trabajadores, para la solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales", según dispone el XIII principio fundamental del Código de Trabajo, la Suprema Corte de Justicia como el órgano del Estado encargado de velar por el cumplimiento de ese mandato, en el año 1998 dotó al país de jueces especializados en la materia, lo que dio al traste con el anterior sistema de elección de jueces a quienes se les encargaba de administrar justicia, sin importar su preparación ni el área de su especialización, con el único interés de ubicarlos en una posición remunerada.

Sin embargo, a pesar de la excelente selección de los recursos humanos destinados a la jurisdicción de trabajo, le faltaba algo a la justicia para que fuera más digna y respetada. Era un atropello contra los magistrados mantenerlos en condiciones físicas deplorables.

No basta la calidad de los jueces, ni del personal de apoyo para que la justicia sea rápida y eficiente. Este es un elemento importante, pero no el único. Es necesario también que los magistrados estén dotados de la comodidad que le proporciona el hábitat en que se desenvuelven y la facilitación de los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

A solicitud del magistrado Julio Aníbal Suárez, a quien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia había designado Coordinador para la jurisdicción de trabajo, asistimos juntos a visitar en la calle José Martí el referido juzgado de trabajo. Realmente las condiciones de funcionamiento eran deplorables. A las carencias de facilidades del lugar se unía el caótico tránsito de vehículos en la zona. Las condiciones en que funcionaba ese tribunal contrastaban con la Corte de Trabajo, la cual había sido objeto de un profundo cambio, pues el presidente Fernández había asumido, antes de la llegada de la entonces Suprema Corte de Justicia, la ubicación y modernización de la edificación de esa Corte, en la avenida Independencia.

Por esa razón, una de las primeras medidas de esa gestión fue buscar alternativas para la ubicación adecuada de los tribunales de trabajo en el Distrito Nacional, a fin de alojar a los magistrados y empleados con todo el confort y con la dignidad que merecían los administradores de justicia. ¡Era un reto importante que se nos presentaba!

Luego de evaluar las diferentes opciones que teníamos nos decidimos por aprovechar el edificio donde funcionaba (todavía lo hace) el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional, sito en la calle Ramón Cáceres, Ensanche La Fe, del Distrito Nacional, optando por construir encima de su estructura dos pisos adicionales. Se escogió ese lugar porque ofrecía buenas condiciones de acceso al público y la edificación ofrecía ventajas para el propósito que teníamos de alojar en él las salas requeridas, así como una pequeña sala de audiencia destinada al referimiento para el presidente del juzgado de trabajo.

La nueva edificación fue dotada de despachos individuales y salas con un sistema de climatización central, mobiliario y equipos nuevos como una manifestación del interés de la Suprema Corte de Justicia hacia la jurisdicción de trabajo.

Todo el edificio fue debidamente cableado para las computadoras y el establecimiento de una gran red, que se encargaría de suministrar la información necesaria contenida en una base de datos. En lo inmediato, se dispuso un sistema aleatorio computarizado mediante el cual el Presidente del Juzgado distribuiría los expedientes entre las diferentes salas, impidiendo de esa manera que éste se convierta en árbitro de determinar la sala que ha de asignarse para el conocimiento de un asunto.

Se aprovechó para rehabilitar físicamente el Juzgado de Paz de la Quinta Circunscripción del Distrito Nacional y la Oficialía del Estado Civil de la Sexta Circunscripción del Distrito Nacional, entidad esta última que si bien no pertenece al Poder Judicial el hecho de estar alojada en el mismo edificio nos obligaba moralmente a darle el mismo tratamiento que a nuestras dependencias.

La inauguración del edificio que aloja el Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional tuvo lugar el 8 de abril de 1999, lo cual coincidió con la presencia de eminentes juristas que nos visitaban en ocasión del Seminario Internacional "El Derecho de Trabajo ante el Nuevo Milenio", con motivo del 75 aniversario del ingreso a la OIT de la República Dominicana.

Recordamos parte del discurso pronunciado en aquella ocasión donde expresamos “Disponiendo en la actualidad de la infraestructura tecnológica necesaria, como son nuestra base de datos y sus servidores,  nuestra página electrónica (home page), nuestro intranet, nuestro punto de información judicial y su tecnología touch screen, así como nuestro servicio automático de información telefónica, nuestra jurisprudencia en CD, entre otros, no le tememos a solucionar los problemas laborales que necesariamente han de presentarse en los próximos años a consecuencia del progreso, principalmente en la tecnología de información y la biotecnología, conjuntamente con lo que algunos llaman la "tecnoélites" causante de lo que se considera como una nueva revolución industrial en Gran Bretaña, comparable con la que transformó las vidas laborables y creó fortunas en los siglos XVIII y XIX”.

En ese entonces el propósito era dotar esa jurisdicción de las herramientas más avanzadas a fin de poder mejorar la administración de justicia en materia de trabajo en el Distrito Nacional. 


martes, 25 de marzo de 2014

EL TRASLADO DE LOS TRIBUNALES DE TRÁNSITO DEL HUACALITO A AMET

(Breve historia de una larga penuria)



El problema del congestionamiento de expedientes y la dilación de los procedimientos en los tribunales penales, y de manera especial en los juzgados de paz ordinarios a consecuencia de la cantidad de accidentes de tránsito y de las contravenciones establecidas en la ley núm. 241 de 1967, sobre Tránsito de Vehículos, ha conducido a la autoridad dominicana a buscar soluciones a esa situación. Hubo una época, hace muchos años, que se ensayó que los tribunales penales del Distrito Nacional celebraran audiencias de noche para acelerar esos procesos, pero el problema seguía agravándose cada vez más al paso en que el país iba incrementando su parque vehicular y su consecuencia necesaria la violación a la ley de tránsito.

En la práctica se presentaba una situación bastante enojosa para el conductor de un vehículo de motor cuando era detenido por un agente de la Policía Nacional bajo el alegato de que había violado la ley referida ley 241, pues infracciones con tan poca trascendencia como era no tener la revista o la licencia al día, o no tener triángulos reflexivos, botiquín o una linterna en el vehículo conducido conllevaba la detención del conductor y su conducción a un destacamento policial, salvo, caso muy frecuente, en que hubiese un “acuerdo con el agente policial”. Si el conductor era apresado un viernes en la tarde o en la noche permanecía detenido hasta el lunes cuando era conducido al juzgado de paz, si se trataba de las infracciones mencionadas más arriba. Como una posible solución se aprobó la ley núm. 585, del 5 de abril  de 1977.

El fin perseguido era realmente descargar a los juzgados de paz ordinarios, que en nuestro ordenamiento procesal tenían, y siguen teniendo, una fuerte carga competencial. Pero además, no se consideraba justo que una persona por haber sido sorprendido conduciendo su vehículo con la revista vencida permaneciera detenida hasta tanto pagara la multa o fuese juzgado por el juzgado de paz ordinario.

Con el propósito de que los juzgados de paz especiales de tránsito cumplieran su objetivo se organizó un sistema para que esos tribunales permanecieran abiertos en sus labores las veinticuatro horas al día, todos los días, incluyendo las vacaciones judiciales durante el período navideño y de Semana Santa, que estuvieron vigentes en nuestro país hasta la promulgación en el año 1998 de la Ley de Carrera Judicial. Para cumplir con ese cometido se dispuso que un personal laborara en tres turnos todos los días, aunque con los años esa práctica despareció y los jueces y demás miembros establecieron otro sistema de trabajo, que no era el perseguido por la ley. En algunos lugares, como en el Distrito Nacional, esos juzgados de paz, se denominaban Grupo I, Grupo II y Grupo III, y todos funcionaban en el mismo local, pero con personal diferente.

Que recordemos esos tribunales se inauguraron en el Distrito Nacional, ubicándose, creo que en la calle Caonabo o Lea de Castro, Gazue, pasando luego a la calle José Gabriel García, esquina Las Carreras, Ciudad Nueva, de donde pasaron al séptimo piso del edificio conocido como El Huacalito, que hoy es la sede central de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

En el Huacalito compartieron espacios con otras instituciones públicas como Pasaportes, Cédula y otras. Si en los dos primeros lugares funcionaban precariamente, en el último la situación era deprimente, pues la falta de espacio, la incomodidad, el calor, la inseguridad, el hacinamiento, pero sobre todas las cosas, el ascensor para llegar al séptimo piso normalmente no funcionaba y cuando lo hacía el ascensorista advertía a los usuarios que hacía mucho que no se le daba mantenimiento y que recomendaba que subieran por las escaleras.

A  la llegada de  la  Suprema Corte de Justicia designada el 3 de agosto de 1997 la situación de Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, se encontraba vigente la Ley núm. 585, del 5 de abril de 1977, que en cuanto al Distrito Nacional disponía que en adición a los juzgados de paz existentes en el Distrito Nacional, se creaba uno que se denominaría juzgado de Paz Especial de Tránsito, con competencia para conocer exclusivamente de las violaciones a la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, de fecha 28 de diciembre de 1967, salvo lo dispuesto en los artículos 51 y 220 de la misma, así como de las ordenanzas y resoluciones dictadas en materia de tránsito por el Ayuntamiento del Distrito Nacional y que hasta esa fecha eran de la competencia de los Juzgados de Paz Ordinarios.

En razón de que dicha ley establecía que los Juzgados de Paz Especiales de Tránsito laborarían de manera ininterrumpida de lunes a domingo, inclusive durante las 24 horas diarias, en el Distrito Nacional se habilitaron tres turnos diarios, para darle cumplimiento a lo dispuesto por dicha ley, pues solamente existía un solo local, que como hemos dicho anteriormente, se encontraba ubicado en el séptimo piso del edificio que popularmente se denominaba El Huacalito, como hemos dicho y que hoy es la sede central de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El asunto era bastante complicado, pues al haber un solo local se compartía el mismo para los tres turnos, con el mismo mobiliario, oficinas, etc. pero los expedientes se archivaban según el turno correspondiente, debiendo el Secretario de cada turno custodiar los expedientes a su cargo.

Con la designación en agosto de 1997 de la Suprema Corte de Justicia surgió la idea de trasladar de El Huacalito esos tribunales especializados en tránsito, pero el Poder Judicial de entonces no disponía de recursos económicos para cumplir con ese propósito, ni tampoco el gobierno central había manifestado mayor interés en el asunto.

Pero, una mañana recibimos una visita del Ing. Hamlet Hermann, primer director de la Administración Metropolitana de Transporte (AMET), quien nos ofrecía una parte del primer piso del edificio que ocupaba en el Expreso V Centenario. El propósito del Ing. Hermann era que conjuntamente con el Poder Judicial se estableciera una efectiva estructura y plataforma informática que permitiera no solamente un mayor y mejor control del tránsito, sino también mecanismo de control en cuanto a las sanciones y una base de datos a tales fines. La oferta fue evaluada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y se aceptó,  pues ella incluía el suministro permanente de energía eléctrica proveída por ellos, pues disponían de planta de emergencia, y que compartiríamos los gastos de combustibles, y a pesar de que no disponíamos de recursos económicos no nos amilanamos y comenzamos a realizar los estudios de lugar. Tiempo después dotamos dicho espacio de varias salas de audiencias y facilidades para que los tres grupos en que estaba dividido el tribunal funcionaran sin mayores inconvenientes. Se destinó un espacio físico para alojar un servidor para el centro de cómputo, pues la idea era interconectar el centro de cómputo de AMET con el del Poder Judicial.

Luego de realizadas las adaptaciones de lugar y dotando todo el local de un sistema de climatización,  modernas computadoras y personal reentrenado, el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional fue inaugurado en el año 1998, permaneciendo en la actualidad en ese mismo lugar.

Es de justicia reconocer que la idea de trasladar dicho tribunal de su local de El Huacalito al local que ocupa fue del Ing. Hamlet Hermman.

En el año 1999, en razón de que mediante la la ley  114-99 de fecha 10 de noviembre del 1999, se le atribuyó competencia exclusiva al Tribunal de Tránsito del Distrito Nacional para conocer de las violaciones a Ley No. 241 de 1967 sobre Tránsito de Vehículos, ocurrida en el Distrito Nacional, despojándose de esa facultad a las diez Salas de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y a los ocho juzgados de paz existentes, se incrementó considerablemente la carga de ese tribunal en el Distrito Nacional.

La ley 114-99 nos forzó a ampliar las instalaciones del juzgado de paz especial de tránsito del Distrito Nacional, y así ocupar toda la primera planta, lo cual no fue posible en la primera ocasión debido a que una parte importante se encontraba ocupado por una oficina del gobierno central, creemos que el Plan Social de la Presidencia, y luego de esta oficina ser trasladada hicimos las gestiones de lugar y por disposición del presidente  Fernández nos fue entregado todo ese espacio, el cual permaneció desocupado, aunque en nuestro poder hasta que termináramos los planos y estudios y obtuviésemos los recursos económicos para su adaptación.

Ese último espacio que nos fue concedido en el gobierno del presidente Fernández fue inconsultamente ocupado precariamente durante los primeros días del gobierno del presidente Hipólito Mejía, pues un funcionario cuyo nombre no recuerdo, decidió inconsultamente hacerlo con el alegato de que estaba desocupado, no obstante tener un letrero que decía pertenece al Poder Judicial. Inmediatamente llamamos por teléfono al Lic. Sergio Grullón, Secretario de Estado de  la Presidencia, quien desautorizó dicha ocupación y nos permitió readquirir ese espacio, lo que permitió que toda la planta baja del conocido edificio de AMET  se encuentre ocupado por dicho tribunal. Terminados los trabajos de remodelación,  adaptación y reordenamiento del espacio físico instalamos dos salas de audiencias adicionales y habilitamos un área para detención correspondiente a Policía de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) para un mejor funcionamiento. El acto de inauguración se de las nuevas instalaciones fue realizado el 31 de agosto de 2001.

La última gran transformación institucional  de que fue objeto el juzgado de paz especial de tránsito del Distrito Nacional fue a consecuencia de la promulgación del Código Procesal Penal, mediante  la ley núm. 76-02, cuya fecha de vigencia era el 27 de septiembre de 2004, dado el cambio que ameritaba introducir en ese tribunal a consecuencia de esa nueva normativa. ¡Esa es otra historia que algún día habrá que contar!

Debemos  confesar que al estar en el mismo edificio que ocupa la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) al principio había una gran confusión entre la ciudadanía e incluso algunos medios de comunicación entendían que esos tribunales eran de la AMET. Pero la generosa oferta del Ing. Hermann en ese momento no podía ser rechazada. 

lunes, 17 de marzo de 2014

CÉSAR BARRIENTOS: OTRA VOZ DE LA JUSTICIA QUE SE CALLA


Quien me lo presentó se fue primero. Ambos no están con nosotros, pero han dejado sus huellas imperecederas en el suelo de la justicia latinoamericana. El presentador se lo llevó forzosamente enero de 2013 mientras el presentado aparentemente decidió abordar voluntariamente la parca que lo ha conducido a la eternidad.

Fue en ocasión de una reunión de presidentes de cortes de justicia de Centroamérica y Panamá celebrada en Managua, Nicaragua,  hace ya varios años, cuando Luis Paulino Mora Mora, a la sazón Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, me presentó al guatemalteco César Crisóstomo Barrientos Pellecer, más o menos con las palabras “mi hermano, te presento a uno de los juristas más talentosos que tenemos en la región latinoamericana”. Esa presentación fue suficiente para que desde entonces estableciéramos una relación de amistad que perduró hasta su muerte ocurrida el pasado 2 de marzo.

César Barrientos fue uno de los grandes propulsores de la reforma procesal penal que se inició en América Latina por los años ochenta. Fue un consultor en cuyo papel recorrió muchos países, llevando sus conocimientos y esparciéndolos por gran parte de nuestra región. Pero por esas cosas de la vida, ocupando la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, recurrió varias veces a nosotros para que el Poder Judicial dominicano cooperara con la reforma procesal de su país, para lo cual visitó varias veces nuestro país y enviamos técnicos al hermano país de Guatemala para ofrecer la experiencia dominicana principalmente en el área de evaluación de desempeño de los jueces y de carrera judicial.

En el año 2001 César escribió un libro con el título “Poder judicial y estado de derecho” donde plasma su profundo sentimiento reformador en cuanto a la justicia procesal y otros temas de la administración de justicia. La presentación de esa obra correspondió a Luis Paulino Mora Mora, quien dijo al respecto: “Debemos procurar, como señala y propone Barrientos, una serie de reformas que permitan que la administración de justicia se constituya en un efectivo mecanismo de defensa de las instituciones democráticas y en consecuencia del ciudadano. Se deben superar los problemas que se presentan en la actualidad, para que el judicial, en vez de ser visualizado como un obstáculo al desarrollo económico de los pueblos y al cambio social, se le tenga como importante medio que los propicia”.

El entonces vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia, José Eduardo Gauggel Rivas, refiriéndose a esa obra nos dice en el Prólogo  que él plantea una realidad y lanza un reto; el mismo reto que él aceptó desde hace mucho tiempo haciéndolo parte de su experiencia vivencial y uno de sus quehaceres fundamentales. Más adelante dice: “La lectura de la obra de Barrientos es un recorrido biográfico por los laberintos de la crisis que vive la democracia en los países centroamericanos, pasando por los débiles ejes de la institucionalidad del poder judicial; recordándonos que en estas tierras, y para estos pueblos, dignos siempre de mejor suerte, la lucha por la justicia y la democracia tiene, y ha tenido la exasperante características de la leyenda de Sísifo”.

En la parte relativa a El fin de las penas, Barrientos nos dice: “Es comprensible el dolor, el odio, la ira y la reclamación de venganza de las víctimas directas; es admirable el valor con que exigen justicia y en mucho sus reclamaciones son factor de lucha contra la impunidad y han provocado mejoras del sector judicial. Por otra parte, es natural la afectación que hechos criminales nos causan a todos y hasta el miedo y la frustración que generan y justificada la reclamación social de mayor severidad en la aplicación de las penas. Pero la pena penal, aunque implica un mal al que se le imponen y constituya una especie de compensación por el daño cometido, no se establece en un Estado democrático en calidad de venganza, como sí lo hacía la ley del talión al reclamar ojo por ojo”.[1]

César Barrientos decía que el estado debe defenderse con éxito y contundencia del delito y abrir espacios efectivos de participación en el proceso penal a la víctima; pero que el principal instrumento para enfrentar la delincuencia no está en las penas, de ser así habría que pensar en hacer y llenar muchas cárceles. Entendía que los castigos desmedidos, la persecución penal fuera del marco constitucional, las reacciones meramente represivas y la misma pena de muerte no producen, según la experiencia de las naciones, los efectos esperados de disminución de delitos, incluso hay delitos tan graves que cualquier pena que se imponga parecerá siempre corta.  Es así como él refería el caso de que en el año 356 antes de Jesucristo, los efesios condenaron a muerte por suplicio a Eróstratos por incendiar el tempo de Artemisa y prohibieron, bajo la misma pena, pronunciar el nombre del criminal. De nada sirvió, es más, desde entonces la actitud de cometer delitos para alcanzar notoriedad se llama erostratismo.

Su posición sobre el aumento de las penas y de la pena de muerte fue una constante durante toda su vida. El hecho de que la Sala Penal, que presidía, revocara en Guatemala más de 53 sentencias de muertes, por haberse violado el debido proceso e imponiendo en cambio la pena máxima de cárcel de 50 años de prisión, refleja claramente su posición al respecto. Por eso no es de sorprender cuando nos dice que la ciencia penal ha mantenido que no se trata de responder con penas crueles, atroces o infamantes sino de recurrir a medidas legales para reducir la capacidad de delinquir del condenado y buscar que cuando recupere su libertad viva alejado del delito. Con frecuencia citaba a Montesquieu cuando decía que cuando se impuso la pena de la rueda a los asaltantes de camino en el siglo XVII no disminuyó los robos pero sí aumentó las muertes de las víctimas.

Con una convicción tan acendrada sobre la pena de muerte sostenida desde antes de ocupar una posición en la Corte Suprema de Justicia, constituía una tentación posible afirmar que llegada la ocasión haría prevalecer ese sentimiento en favor de la vida. La sentencia dictada el 20 de junio de 2005 por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), anulando la sentencia que condenaba a Fermín Ramírez y Ronaldo Ernesto Raxcacoj Reyes y ordenara una nueva pena,  le sirvió de caldo de cultivo para ejercer toda su autoridad para anular decisiones que pronunciaban la privación de la vida. Su posición era: "Lamentamos el dolor de las víctimas sobre el hecho ocurrido, pero el Derecho Penal debe de cumplirse".

Para justificar la supremacía de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre las jurisdicciones nacionales  decía: “La justicia universal está por encima de la justicia nacional; en ella se somete la soberanía nacional. No se puede hacer nada en contra de lo mandado por organismos internacionales".

Con César Barrientos discutimos muchas veces el tema de las garantías individuales y del problema que se puede presentar cuando los jueces caen en el hipergarantismo como una consecuencia de que los jueces en ocasiones desconozcan el interés de la sociedad. Sin embargo, siempre decía que había que buscar el equilibrio necesario y someterse al debido proceso. Pero que en todo caso era preferible un juez con un alto sentido garantista a un juez arbitrario.

Tenía César una idea muy definida sobre el papel de los tribunales y de los jueces. Decía de los primeros que era preciso resaltar que son el instrumento racional, pacificador y coactivo con que cuenta la democracia para mantener y profundizar la convivencia creativa y avanzar establemente hacia formas elevadas de vida. Tampoco puede despreciarse la comprobación histórica de que, no pocas veces, quienes argumentan que las libertades y derechos humanos son demasiado elevados para pueblos que consideran no saben gobernarse, son lo que bajo la excusa de orden reclaman para sí las ventajas del poder absoluto y derechos para ejercerlo.

En cuanto a los jueces, afirmaba que la función y responsabilidad del juzgador consiste en determinar la norma más justa y adecuada al caso concreto que conoce, lo cual no significa estructurar su respuesta exclusivamente con la ley; puede recurrir también a la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del Derecho. Los tiempos de la interpretación estrecha, estricta y limitada de la ley, de la dura lex sed lex, de la esclavitud del juez al texto de la ley ya pasaron.

En términos muy concluyente decía que la independencia judicial consiste en que el juez no es empleado o subalterno de nadie, tampoco recibe órdenes o instrucciones sobre cómo conducir, resolver o interpretar u proceso. Tampoco resuelve los casos de acuerdo con sus ideas, sentimientos o inclinaciones personales.

Los medios de comunicación de su país nos recuerdan la posición mantenida por el magistrado amigo fallecido en ocasión de una imputación que condujo a juicio a su hijo de igual nombre cuando manifestó: “Soy un padre y me preocupa lo que pasa —con mi hijo César Barrientos Aguirre—, pero también soy un funcionario judicial, y creo y respeto la independencia de los jueces. La decisión queda en manos de la justicia de nuestro país”.[2] 

Mantuvo hasta el final su posición de que La justicia universal está por encima de la justicia nacional; en ella se somete la soberanía nacional. No se puede hacer nada en contra de lo mandado por organismos internacionales".

Barrientos formaba, conjuntamente con Julio Maier, Alberto Bínder, Eugenio Rául Zaffaroni, Luis Paulino Mora Mora, René Hernández Valiente, Rodolfo Vigo, Fernando de la Rúa, a pesar de sus problemas políticos en su país, y otros, un verdadero grupo de reformadores  del proceso penal latinoamericano. 

lunes, 10 de marzo de 2014

EL PAPEL DE REPÚBLICA DOMINICANA EN EL NACIMIENTO DE LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y EL RENACIMIENTO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN IBEROAMERICA

V Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional - Chile


En razón de que próximamente se  celebrará en nuestro país la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, lo cual elevará a la República Dominicana en capital de la justicia constitucional iberoamericana, resulta importante recordar el papel jugado por el Poder Judicial que nos correspondió dirigir durante el período 1997-2011, en el proceso de nacimiento de esa conferencia y el renacimiento de la justicia constitucional en Iberoamérica.

Sin embargo, es preciso que se conozca previamente que desde el año 1997 nuestro Poder Judicial ha tenido una activa participación en el ámbito de las relaciones internacionales que motorizaron la visita a nuestro país de todos los presidentes de las cortes supremas y tribunales supremos de justicia de Iberoamérica y de manera muy especial en el año 2004 del Primer Presidente de la Corte de Casación francesa, Guy Canivet; del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Consejo Judicial  del Reino de España, Francisco José Hernando Santiago, y en el 2008, en ocasión de la celebración del Encuentro Ruso-Centroamericano, la visita del Presidente de la Corte Suprema de la Federación de Rusia, Vyacheslav M. Lebedev.

Además, la contribución de ese poder del Estado es incuestionable al considerarse su afiliación a las principales organizaciones mundiales relacionadas con la justicia, como son: Cumbre Judicial Iberoamericana, teniendo nuestra primera participación en el año 1998; Consejo Judicial Centroamericano, Órgano del Sistema de Integración Judicial Centroamericana (SIJCA). Pertenecemos a este desde la firma del “Acuerdo de Asociación entre el Sistema de la Integración Centroamericana y la República Dominicana” el 10 de diciembre de 2003; Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Participamos de esta asociación desde sus inicios en el año 2009 como miembros fundadores; Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho o Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Pertenecemos a este organismo desde el año 2009; Asociación de los Tribunales Superiores de Casación de los países que comparten el uso del Francés (AHJUCAF en sus siglas en francés). Pertenecemos a esta asociación desde el año 2010. Como nota importante es preciso destacar que República Dominicana es el único país de habla hispana que pertenece a esa Asociación, siendo en consecuencia el Poder Judicial dominicano incorporado a la Organización Internacional de la Francofonia.

Pero en lo relativo al tema que encabeza este post lo más importante fue nuestra participación en el nacimiento de la Conferencia  Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC)así como en el renacimiento de la justicia constitucional en Iberoamérica. Esa conferencia es una  organización que se basa en el diálogo, la colaboración y la cooperación para reforzar los sistemas constitucionales, consolidando los postulados compartidos y el perfeccionamiento de los sistemas con el fin último de dar respuesta a las exigencias crecientes de las ciudadanías en el ámbito de la justicia constitucional.

Previamente a la aprobación de sus Estatutos se habían celebrado tres reuniones, en Lisboa, del 10 al 12 de octubre de 1995[1]; Madrid 1998[2], del 27 al 30 de enero de 1998; Guatemala 1999[3], del 22 al 27 de noviembre de 1999. Estas conferencias fueron denominadas I, II y III Conferencia de Justicia Constitucional de Iberoamérica, España y Portugal, respectivamente. Desde el año 1999 hasta el año 2005 no se organizaron otras conferencias de esa naturaleza, aunque la Fundación Konrad Adenauer había celebrado eventos con una dimensión mayor cubriendo gran parte del Viejo Continente. O sea que a nivel de Iberoamérica hubo una especie de receso en cuanto a la celebración de jornadas de justicia constitucional.

Es en Sevilla, España, donde se retoma celebrar encuentros de justicia constitucional a nivel de la región iberoamericana,  y de programarlos y dotarlos de unos estatutos, cuya X (décima versión) se realizará, como hemos dicho, en nuestro país en este mes de marzo.

Vale la pena comentar algunos episodios interesantes que culminaron con lo que hoy se conoce como Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), y en cuya formación el Poder Judicial dominicano jugó un papel preponderante, pues fue un acontecimiento ocurrido aquí el que le dio origen.

En retrospectiva. En los primeros meses del año 2004 recibí una llamada desde México de Rudolf Huber, director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, persona a quien había conocido años antes en una actividad de justicia constitucional en Granada, Nicaragua, con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país sirviera de anfitriona para organizar unas jornadas de justicia constitucional. Luego de las aprobaciones correspondientes fijamos la fecha para inaugurar el 2 de noviembre de 2004 el XI Encuentro de los Presidentes y Magistrados de los Tribunales y Salas Constitucionales de América Latina, el cual culminó con gran éxito de asistencia de los convocados  y de resultados positivos en cuanto a la justicia constitucional. Solamente se invitaron para ese encuentro a los titulares de los tribunales y salas constitucionales de América Latina, no así a los países de Europa, como la Fundación Konrad Adenauer había hecho en años anteriores.

Antes de la celebración del referido encuentro de justicia constitucional latinoamericano visité en el mes de septiembre, aceptando una invitación especial que me formulara el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder General del Poder Judicial de España, Dr. Francisco José Hernando Santiago, para la apertura del año judicial. Allí me presentaron a la magistrada María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional de ese país, quien en torno muy poco amable me manifestó que tenía conocimiento de que en Santo Domingo se iba a celebrar en noviembre de ese mismo año un encuentro de justicia constitucional y que el Tribunal Constitucional no había sido invitado no obstante haber participado en todos los eventos anteriores relativos al tema. Le dije a la Dra. Casas que las invitaciones las había cursado la Konrad Adenauer y que nosotros solamente éramos anfitriones y se había limitado a América Latina, tal como indicaba el nombre del encuentro.

De ese primer encuentro nació entre nosotros una gran amistad, y durante la recepción y el almuerzo compartimos como viejos amigos, manifestándome su interés en participar en ese encuentro. Le prometí hacer las gestiones de lugar, lo cual hice desde que regresé al país para lo cual contacté a Huber, quien me manifestó que solo era un evento para la región; que no era posible la participación española, lo cual puse en conocimiento inmediatamente de mi nueva amiga.

Tiempo después me llama María Emilia Casas por teléfono para pedirme colaboración para convencer a nuestros colegas de América Latina que asistieran a la reanudación de los encuentros organizados por la Conferencia de Justicia Constitucional de Iberoamérica, España y Portugal, que ella quería celebrar en Sevilla, España, el 20 de octubre de 2005. Movilizamos nuestros amigos y todos confirmaron la participación en ese encuentro de Sevilla.

Poco tiempo después correspondiendo a una invitación que la Presidenta del Tribunal Constitucional de España, la Dra. Casas, me hiciera para participar en la celebración el 12 de julio de 2005 de los XXV años de la constitución de ese tribunal, celebrada en su sede de Madrid, terminamos de afinar los trámites finales del evento de Sevilla que celebraríamos en el mes de octubre de ese mismo año. Las actividades relativas al XXV aniversario del Tribunal Constitucional fueron revestidas de la solemnidad requerida y la presencia de su Alteza Real y la reina denotaron la trascendencia histórica del evento.[4]

Llegada la fecha pautada para la convocatoria a Sevilla nos trasladamos a Madrid, donde se dio inicio a las actividades previas al encuentro de la región andaluza. Las diferentes delegaciones fueron recibidas por el Su Majestad Juan Carlos de Borbón en el Palacio de la Zarzuela[5].

Una vez en Sevilla, en el marco de los actos conmemorativos del XXV Aniversario de la constitución del Tribunal Constitucional se celebró allí durante los días 19, 20 y 21 de octubre la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, continuación de las Conferencias de Lisboa (1995), Madrid (1998) y Guatemala (1999). Llamo la atención que al mismo tiempo que se aprobó la preparación de un proyecto de Estatutos se le cambió el nombre a la conferencia, pasando de Conferencia de Justicia Constitucional de Iberoamérica, España y Portugal a  denominarse Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC). Se pronunciaron los discursos de rigor, tanto de la Presidenta del Tribunal Constitucional, como del Presidente de la Junta de Andalucía y de la Presidenta del Parlamento de la Junta de Andalucía. En esta conferencia se escogió Chile como sede la próxima Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que sumando las anteriores sería la V conferencia.[6] Los asistentes a ese encuentro nos escogieron para pronunciar las palabras finales y dar las gracias a nombre de todos los invitados internacionales.

En Santiago de Chile fue celebrada la V Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC) donde, tras las reuniones celebradas en Lisboa (1995), Madrid (1998) y Antigua (1999) y en cumplimiento de la Declaración de la Conferencia de Sevilla del 21 de octubre de 2005,  fueron aprobados y suscritos el 28 de octubre de 2006 sus Estatutos, entre cuyos firmantes figura la República Dominicana.[7]

Luego de Chile, vino la VI, en Cartagena de Indias, Colombia; la VII, en Mérida, México; la VIII, en Managua, Nicaragua; la IX, en Cádiz, España, país que desde la V conferencia de Chile había pedido la sede de esta para que coincidiera con el Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Corresponde ahora a República Dominicana ser sede de la X Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional.

Como se observa, el papel de República Dominicana fue de suma importancia para el renacimiento de la justicia constitucional en Iberoamérica, así como de la constitución de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (CIJC), continuadora de la primera celebrada en Lisboa, Portugal, en el año 1995. Nuestro país es uno de los fundadores de ese órgano donde se debaten en el ámbito iberoamericano los principales asuntos relativos a la justicia constitucional.

No quiero terminar sin antes manifestar que no obstante la insistencia por años de la mayoría de los países para que nuestro país fuera sede de una de esas conferencias, nunca dispusimos de los recursos económicos necesarios a esos fines. ¡Todavía mucha gente viva puede atestiguarlo!

No albergamos ninguna duda de que el Tribunal Constitucional dominicano será un excelente anfitrión y que los temas a debatirse contribuirán a la consolidación de nuestra institucionalidad y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

martes, 11 de febrero de 2014

LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMPROMETIDA A TRAVÉS DE LOS “VALET PARKING”



A las dificultades de vivir en las grandes ciudades se agrega como una consecuencia de la conglomeración la cantidad de vehículos de motor que transita por sus avenidas y calles, lo que se refleja en el momento en que usted desea o necesita estacionarse en un lugar determinado en procura de un bien o servicio. Por más esfuerzos que se haga en la búsqueda de una solución para disminuir la circulación vehicular, ya sea construyendo nuevos estacionamientos verticales y horizontales, la puesta en funcionamiento de vehículos de transporte colectivo, la circulación de vehículos con placas pares e impares, y otras medidas, lo cierto es que el tránsito es un problema común y complejo en nuestro día con gran densidad poblacional.

Como una fórmula de resolver el problema de parqueo de sus clientes muchos establecimientos comerciales, principalmente los restaurantes, hoteles y centros comerciales, recurren cada día más al auxilio de empresas dedicadas a prestar el servicio de estacionamiento a través de los denominados “valet parking”. Esta prestación de servicio es susceptible de comprometer la responsabilidad civil de alguien cuando el vehículo entregado a ese personaje sufre daños mientras se encuentra en su poder o bajo su conducción. La pregunta obligada en estos casos es ¿quién debe asumir esa responsabilidad y reparar los daños y perjuicios causados al vehículo? Este será el tema que trataremos en esta ocasión, para lo cual recurriremos a una sentencia, que aunque no fue dictada a propósito de una falta cometida por un “valet parking” sus principios nos pueden servir de base para el presente comentario. Me refiero a la sentencia de fecha 24 de mayo de 2013, dictada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia, cuyos considerandos más representativos transcribimos más adelante:

Hechos hipotéticos.   Ernesto sostiene una entrevista con el abogado Luis a quien para fines de orientación legal le hace una exposición de lo que le aconteció. Y lo hizo en los términos siguientes:     
“Como lo hacíamos con frecuencia, atraídos por la calidad de los servicios prestados por el  “Restaurant El Centro” y las facilidades de estacionamiento a través de un “valet parking” que ofrecían,  servicio muy importante porque en la calle y en el sector en que se encuentra ese restaurante está prohibido parquear en la calle, pues así lo dice un letrero muy visible, asistimos la familia a celebrar el cumpleaños de mi esposa. Al llegar, como lo había hecho en otras ocasiones y en consideración al letrero del restaurant,  le hice entrega de las llaves del vehículo a la persona que tenía en su ropa un letrerito y se identificó como “valet parking” del restaurante.  Luego de terminar la cena al procurar el vehículo observé que el mismo se encontraba con un fuerte impacto en la parte delantera que dificultaba su funcionamiento, pues era visible que el radiador había sufrido daños de consideración, así como otras partes delanteras. Presenté mi queja por ante la administración del restaurant  y se negaron a asumir responsabilidad alegando que la responsabilidad era de la empresa “Servicios de Valet Parking, S. A.”, razón por la cual en el vehículo de un amigo me trasladé hasta un destacamento de la Policía Nacional  y  procedí a denunciar lo sucedido”.

La consulta.- Debo indicarle, estimado cliente Ernesto, comenzó diciendo el abogado Luis, que el problema del estacionamiento en los restaurantes es un problema propio de la vida moderna. Cuando se estableció el restaurant más viejo del mundo en el año 1725, que lo es Restaurante Botín, en Madrid, España,  ubicado en la añeja calle madrileña de Cuchilleros, obviamente no se presentaba a los clientes el problema de parqueos que se les presenta en la actualidad. Con este ejemplo lo que quiero señalarle es que las ciudades en la medida en que van creciendo y desarrollando el aparcamiento de vehículos se convierte en un problema. Nuestra ciudad de Santo Domingo no ha sido una excepción. Muchos de nuestros restaurantes tradicionales en sus inicios no presentaban inconvenientes para que sus parraquianos se estacionaran. Mire, le pongo el ejemplo del “Restaurant Mario”, que se encontraba en la calle Mercedes, frente al Parque Independencia, que usted se podría estacionar al frente y bajar de su vehículo y pedir su famoso “plato azul”.

Pero hoy la situación es diferente, sepa usted que en el país, según datos suministrados por el Dirección General de Impuestos Internos, el parque vehicular del país es de 3,052,686 unidades, de las cuales el 30.3% corresponden al Distrito Nacional. Tenemos pocas zonas destinadas al parqueo. En una publicación que hizo hace algún tiempo el periódico El Diario Libre http://www.diariolibre.com/noticias/2012/08/27/i349474_lujo-parqueo-zona.html, se abordó el problema de los parqueos en la Zona Colonial, con resultados alarmantes.

Pues bien, los restaurantes, principalmente, han recurrido a contratar empresas que se dedican a la labor de buscar empleados de ellos que ponen a disposición de los clientes de los restaurantes para que como un servicio se faciliten las labores de estacionamiento y de esa manera evitar que se vayan a otros lugares que ofrezcan condiciones de parqueos. Quiero hacerle el señalamiento de que cuando el cliente entrega las llaves de su vehículo a un “valet parking” lo hace bajo el entendido de que es un servicio del establecimiento, principalmente cuando estos tienen un letrero o una promoción que dice “Disponemos de valet parking”.

Desde el punto de vista de la responsabilidad civil  y ante el hecho probado por testigos de que su vehículo sufrió daños en su estructura a consecuencia de una imprudencia atribuida al “valet parking”, que este reconoce en el acta policial que se levantó al efecto, se podría argumentar que entre este y usted se formó un contrato verbal mediante el cual se prestaba un servicio de estacionamiento a su favor. Pero además también el restaurant puede alegar que la relación no se estableció directamente con él, sino que se suscribió lo que se denomina un contrato de empresa, a los términos del Art. 1797 del Código Civil, con la compañía “Servicios de Valet Parking, S. A.”, encargada de suministrar el servicio de “valet parking”, y que por lo tanto al amparo de las disposiciones del mismo código la responsabilidad sería de esa empresa y no del restaurant. De usted decidirse a radicar una demanda contra el “Restaurant El Centro” existen elementos suficientes desde el punto de vista legal para sustentar esa demanda”.

La sentencia real. El 24 de mayo de 2013 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia a propósito de una demanda en responsabilidad civil derivada de daños causados por negligencia atribuida a empleados de una empresa contratada por la parte demandada para la prestación del servicio contratado y no por empleados de la empresa demandada. La sentencia impugnada en casación había decidido el asunto en el ámbito de la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual.  Estos son sus principales considerandos.

“Considerando, que no obstante lo expuesto con anterioridad, contrario a lo alegado por la recurrente incidental, esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, es del criterio, que en el presente caso, la ausencia de un vínculo de subordinación entre Juan Alejandro de los Santos Guzmán y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., no exime de responsabilidad a dicha Empresa, en razón de que, conforme a los hechos retenidos regularmente por la corte a-qua en el ejercicio de sus facultades soberanas  de apreciación resulta que los daños cuya reparación se demandó fueron ocasionados mientras la empresa Eléctrica Tonos, S. A., a través de su empleado Juan Alejandro de los Santos Guzmán, estaba ejecutando obligaciones asumidas por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., frente a su cliente Elpidio Rafael Mireles Lizardo, a saber, la reconexión del servicio eléctrico en las instalaciones de su propiedad; que, en efecto, desde el momento en que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., contrató a una tercera empresa para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente a los usuarios con los cuales mantiene contratos de suministro de electricidad, introdujo en la esfera de su responsabilidad contractual, aquella responsabilidad que se derive de la ejecución defectuosa en que pudiera incurrir la contratista Eléctrica Tonos, S. A.; que, esta responsabilidad es independiente, de los términos y efectos de la relación obligacional entre la recurrente incidental y la indicada contratista, ya que la misma es inoponible a los usuarios del servicio eléctrico, en virtud de las disposiciones del artículo 1165 del Código Civil; 
Considerando, que, para mayor abundamiento, vale destacar que  la doctrina más autorizada en esta materia apoya el criterio asumido en esta sentencia, de que, cuando la deudora de la obligación principal involucra  a terceros para el cumplimento de sus obligaciones, esta es responsable frente a su acreedor por los daños ocasionados, sea por la inejecución o la prestación del servicio defectuoso, por parte de aquel tercero; que, poco importa que estos terceros, sean sus asalariados, mandatarios o subcontratistas, el deudor de la obligación principal debe responder por ellos, puesto que cuando el deudor de la obligación inicial se sirve de auxiliares para el cumplimiento o realización de lo convenido, no puede exonerarse de su responsabilidad bajo el pretexto de que la materialidad de la ejecución se debió a un tercero; que de aceptarse esa postura se crearía una verdadera inequidad en las relaciones contractuales y un atentado a la seguridad jurídica, además de una violación al principio de relatividad de los contratos, puesto que se auspiciaría que cada vez que una parte deseara eludir los efectos vinculantes de una convención, delegara sus obligaciones en terceros ajenos a la convención original; que en el ámbito de la responsabilidad contractual, para que la responsabilidad de la deudora de la obligación  se vea comprometida, basta la comprobación de que el autor del daño, era su auxiliar en la ejecución de la obligación contraída y que la persona que cometió la falta que ocasionó el daño, se encontraba actuando  en el ejercicio de la función encomendada;
Considerando, que en virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores es evidente que el presente caso debió ser juzgado conforme a las reglas de la responsabilidad civil contractual, razón por la cual procede acoger el recurso incidental de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (Edesur Dominicana, S. A.), con relación a los aspectos examinados con anterioridad y casar la sentencia impugnada con envío a un tribunal de igual categoría al que dictó la sentencia impugnada, sobre todo, con la finalidad de que dicho tribunal otorgue a las partes la oportunidad de defenderse de manera contradictoria de la demanda, en atención a la calificación jurídica retenida por este tribunal; que en virtud de la solución adoptada resulta innecesario referirse al cuarto medio de casación propuesto por la recurrente incidental”.  (Primera Sala, S.C.J., 24 de mayo de 2013, recurrente Elpidio Rafael Mirelis Lizardo vs. Empresa Distribuidora de Electricidad el Sur, S. A. (EDESUR).

Comentarios Jasi. El examen de los considerandos de la sentencia anterior nos conduce a formular los comentarios que siguen a continuación.

1.- Cuando en materia contractual el deudor de la obligación recurre a terceros para su cumplimento este es responsable frente a su acreedor por los daños ocasionados, sea por la inejecución o la prestación del servicio defectuoso, por parte de aquel tercero. Esta disposición es aplicable en el caso de los “valet parking” porque la obligación principal se establece entre el establecimiento comercial que ofrece ese servicio y el dueño del vehículo que se lo entrega. Aunque el daño es causado por una persona que no es empleado del establecimiento, en cuyo caso se trataría de una responsabilidad por el hecho de otro (art. 1384, párr. 3ro. del Código Civil), su responsabilidad se establece en el ámbito contractual, pues ciertamente, cuando un contratante en aras de cumplir con sus obligaciones recurre a terceros para tales fines el daño producido por estos últimos compromete la responsabilidad civil de ese contratante. En consecuencia, en el caso hipotético narrado el “Restaurant El Centro” sería responsable por los daños causados al vehículo por el “valet parking”. La situación sería diferente si “el parqueador” es una persona extraña al restaurant, y que en su promoción publicitaria este no lo ofrece como un servicio.

2.- Que en la especie juzgada el asunto cae en el ámbito de la responsabilidad contractual, en virtud de la cual  para que la responsabilidad de la deudora de la obligación se vea comprometida basta la comprobación de que el autor del daño, era su auxiliar en la ejecución de la obligación contraída y que la persona que cometió la falta que ocasionó el daño, se encontraba actuando  en el ejercicio de la función encomendada. Obviamente, que es preciso que se cumplan con las demás condiciones para la existencia de la responsabilidad civil contractual.

3.- La sentencia recurrida había establecido que la situación planteada caía dentro del ámbito de la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual, específicamente dentro de las disposiciones del Art. 1384, párrafo 3ro. del Código Civil y que para establecer responsabilidad contra la parte demandada era necesario probar el vínculo de comitente a preposé.  La sentencia comentada, contrario a la impugnada  colocó el asunto en el ámbito de la responsabilidad contractual, y casó la sentencia con finalidad de darle oportunidad a la recurrente de que se defendiera en el fondo de conformidad con la formalidades establecidas para ese tipo de responsabilidad, cuya calificación fue otorgada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia comentada.

4.- No nos cabe duda alguna que en aplicación de los principios generales que norman la responsabilidad civil y en virtud de las consideraciones de la sentencia comentada, el establecimiento comercial que contrató los servicios de un “valet parking” para ponerlo al servicio de sus clientes compromete su responsabilidad civil contractual, y por lo tanto la demanda que se incoe debe ajustarse a las disposiciones de la responsabilidad civil contractual. Sobre esta responsabilidad. (Jasi. Tratado práctico de responsabilidad civil dominicana, págs. 191 y sgtes.).

5.- Como sucede en todos los casos en que una persona compromete su responsabilidad civil por el hecho de otro, aun cuando se trate del ámbito contractual, el obligado a pagar una indemnización tiene una acción recursoria contra el responsable directo del daño. En el caso planteado el establecimiento comercial obligado a indemnizar dispone de esa acción en contra del “valet parking” o de la empresa a quien pertenece.


La sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 24 de mayo de 2013 merece ser objeto de un estudio más profundo por la comunidad jurídica dominicana.