(Un
tema de responsabilidad civil)
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Como muchos saben, la responsabilidad civil es
una rama de las ciencias jurídicas que tiene por finalidad reparar el daño que
se causa a otro cuando ese daño no está autorizado por la Constitución y por
las leyes adjetivas; pues hay daños que se encuentran autorizados infligir. Es un principio antiquísimo y con una gran dosis de equidad y de
justicia, que descansa sobre la base de que todo aquel que causa un daño está
obligado a repararlo. No debe confundirse la responsabilidad civil con la
responsabilidad penal, porque esta solo lesiona el interés de la sociedad,
mientras la primera perjudica por lo regular a un particular. Desde luego, hay
hechos que causan daños tanto a la sociedad como a los particulares: matar a
una persona compromete la responsabilidad penal y la civil del autor del hecho
y de otras personas. La diferencia es importante porque para que haya
responsabilidad penal se requiere de una disposición legal que previamente
sancione el hecho cometido, mientras que la responsabilidad civil existe
independientemente de que el hecho se encuentre sancionado. Por esta razón es
que la máxima "Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege" solo
tiene aplicación desde el punto de vista de la responsabilidad penal.
Lo normal es que quien esté obligado a reparar
el daño sea quien lo causó, es decir su autor directo; pero en ocasiones el
daño lo ocasiona una persona que depende de otra persona. Cuando el daño lo ocasiona uno mismo, se dice que compromete su
responsabilidad personal; en cambio cuando lo ocasiona otro, lo que se
compromete es la responsabilidad por el hecho de un tercero, denominándose la
persona civilmente responsable.
La complejidad propia de la vida moderna nos
empuja a requerir personas que nos auxilien en el cumplimiento de nuestras funciones
o que coadyuven con ellas, tejiéndose de esa manera una red que facilita tener
bajo nuestra subordinación o dependencia a muchas personas de cuya conducta
dañosa debemos responder económicamente.
Dentro de las personas que deben responder por
el hecho de un tercero se encuentra el comitente en los términos del 1384,
párrafo 3ro. del Código Civil, entendido como la
persona que tiene el derecho o el poder de dar órdenes a otra llamada
"preposé", en cuanto al cumplimiento de las funciones encomendadas. Lo
que caracteriza la relación de comitente a preposé es el vínculo de
subordinación a que el segundo se encuentra sometido al primero. La calidad de
comitente se adquiere tan pronto una persona tiene el poder de darle órdenes a
otra, pues esa noción se explica por la idea de autoridad, por la posibilidad
de darle instrucciones a la persona que se encuentra bajo su dependencia y de
vigilar su ejecución. De ahí que se hable de la relación de comitente a
"preposé”.
Los modos de establecer en la práctica la prueba
de ese vínculo ha sido una de las grandes innovaciones de la jurisprudencia
dominicana, para lo cual ha recurrido a las presunciones, siendo los accidentes
de vehículos de motor el área de mayor impacto y su terreno más fértil, en un
proceso evolutivo que se inició en el año 1969 y que no se ha detenido desde
entonces. (En mi obra "Tratado práctico de la
jurisprudencia dominicana", trato el tema con relativa amplitud en ese
aspecto).
Cuando varias personas tienen la facultad de
dictar órdenes sobre cómo debe ejecutarse la función encomendada se forma una
cadena de mando, por lo que resulta relevante establecer cuál de esas personas
es la que efectivamente tiene ese poder, pues la jurisprudencia dominicana
tradicional ha sido constante en considerar que la subordinación hacia una
sola persona es de la esencia misma de esa esfera de la responsabilidad
civil. Razonaba en ese sentido nuestra jurisprudencia
que la calidad de comitente no puede ser compartida por varias personas sino
que sólo uno es el que tiene el poder de control y dirección sobre el preposé.
En nuestro país, ocurría con mucha frecuencia
que un vehículo de motor se encontraba registrado en propiedad a nombre de una
persona y la póliza de seguro que amparaba la responsabilidad civil por los
daños ocasionados por ese vehículo se encontraba a nombre de otra. Esto tenía como consecuencia que al ocurrir un accidente la víctima
tenía un dilema en cuanto a determinar contra quién debía dirigir su acción en
reparación de los daños y perjuicios sufridos. No existía duda en cuanto a que
contra el propietario del vehículo existía una presunción de responsabilidad,
conforme al criterio jurisprudencial, pero en cierta medida era incierta la
situación de la persona a nombre de quien se encontraba emitida la póliza de
seguro, es decir el suscriptor, pues no podía ser condenada porque no era la
propietaria del vehículo asegurado, y lo más probable es que hubiese
permanecido ajena al accidente causante de los daños. Y es que el mero hecho de
ser el suscriptor o asegurado en una póliza no significaba que se fuera
responsable civilmente por los daños causados por el vehículo que amparaba la
póliza. De la única manera que podía ser condenada era si se probaba que era
comitente del conductor o si había sido el conductor mismo.
Para remediar esa situación el art. 124, letra
b) de la ley 146-02, Sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, que
derogó en su art. 273 la ley 4117 de 1955, sobre Seguro Obligatorio de
Vehículos de Motor y sus modificaciones, dispuso que para los fines de esa ley,
se presume que el suscriptor o asegurado o el propietario del vehículo
asegurado es comitente de la persona que lo conduzca y por lo tanto civilmente
responsable de los daños causados por ese vehículo.
A pesar de que de lo anterior parece derivarse
que esa responsabilidad es simultánea o acumulativa, en el sentido de que tanto
el suscriptor o asegurado como el propietario son conjuntamente responsables,
dejándose abierta la posibilidad de que dos o más personas pudieran ser
civilmente responsables del daño causado por un conductor de un vehículo de
motor, el criterio dominante en jurisprudencia dominicana es que se trata de
una responsabilidad alternativa y no simultánea. O bien
el responsable es el suscriptor, llamado también asegurado, o bien el
propietario del vehículo asegurado.
Lo anterior se justifica en razón de que como
hemos expuesto anteriormente, la comitencia está fundamentada en la real y
efectiva subordinación de una persona y en la capacidad de dar órdenes o
instrucciones, por lo que no puede haber una comitencia simultánea de dos
personas distintas a consecuencia de un mismo hecho, pues es a una sola persona
a quien se encuentra subordinada el autor del daño o preposé.
Ese artículo de la Ley de Seguros y Fianzas
fue interpretado por la Segunda Cámara de la Suprema Corte de
Justicia en el sentido de que el criterio de comitencia se encuentra
reservado para una sola persona, para lo cual dijo:“Considerando, en cuanto al
primer aspecto invocado, que ciertamente esta Cámara ha mantenido que cuando se
trata de responsabilidad civil, derivada de la existencia de una infracción de
tránsito, el conductor preposé sólo puede estar subordinado y recibir órdenes
de una persona, por lo que no procede condenar dos personas o empresas como
comitentes...".[1]
En el año 2008 la misma Cámara mantuvo el
criterio de: “Considerando, que los recurrentes, esgrimen que la Corte a-qua
incurre en franca violación al artículo 124 de la Ley 146-06, en el sentido de
que condena a la beneficiaria de la póliza y al tercero civilmente responsable,
ambos como comitentes, en franca violación a los preceptos legales, olvidando
el juez actuante que la comitencia no es divisible, ya que solo es uno
comitente y no dos como estipularon los jueces de la Corte a-qua; Considerando,
que efectivamente, la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado,
que condena tanto la propietaria del vehículo como a la beneficiaria de la
póliza, ha cometido una violación a la ley, puesto que si bien es cierto que la
Ley 146-02 en su artículo 124 establece que se pueden condenar a estos
titulares, esto es excluyente, o sea, a condición de que se condene u otro, no
a ambos conjuntamente".[2]
Como se observa, el criterio dominante en
materia de accidentes de vehículos de motor es el de la comitencia única. ¡No puede haber más de un comitente!
Sin embargo, fuera del ámbito de los accidentes
de vehículos, la misma sentencia del 7 de junio de 2006 de la Segunda
Cámara de la Suprema Corte de Justicia, sin abandonar su criterio de la
comitencia única para la responsabilidad derivada de los accidentes de
vehículos de motor, consideró que existe la posibilidad de una comitencia
acumulativa y no única. En la especie dicha cámara
dijo: "la situación es muy distinta, puesto que existe una responsabilidad
civil acumulativa, tal y como apreció correctamente la Corte a-qua, pues se
trata de una empresa de guardianes privados que asigna a uno de sus agentes
para vigilar un Hotel durante un tiempo determinado, conservando, como es
natural, una subordinación que subyace en la obediencia debida a la misma, pero
que transitoriamente, y mientras dure el servicio, está subordinado y debe
obedecer órdenes de los ejecutivos de esta última, quienes pueden asignarle determinadas
áreas de vigilancia o incluso ordenarles que restrinjan el acceso a sus
instalaciones, lo que pone de manifiesto que existe una comitencia
concomitante;".[3]
Años después, mediante sentencia del 19 de
agosto de 2013, la misma Segunda Cámara (Sala, a partir de la Constitución de
2010), reiterando su criterio en cuanto a la comitencia única en materia de
accidentes de vehículos de motor y de la comitencia acumulativa en otro caso
dijo:
"Considerando, que la Corte a-qua, al confirmar la decisión de
primer grado, en cuanto a la relación de comitencia-prepose que existe entre
ambas razones sociales con el imputado, estableciendo que “éste cometió esta
acción mientras se desempeñaba como vigilante de la razón social Guardianes
Dominicanos, prestando servicios en el Supermercado Jumbo Express, y perseguía
a una persona sospechosa de haber cometido un robo en el establecimiento
comercial donde laboraba. Como puede apreciarse, estos
aspectos fácticos fijados por el Tribunal a-quo son suficientes para retener la
responsabilidad civil de estos recurrentes”, actuó conforme al criterio
sostenido por esta Suprema Corte de Justicia, por lo que procede también
rechazar este medio alegado por los recurrentes;".
Un resumen apretado de los criterios
jurisprudenciales lo que nos indica es que mientras en el ámbito de los
accidentes de vehículos de motor existe una comitencia única y por lo tanto una
sola persona civilmente responsable, en otros hechos generadores de responsabilidad
civil se admite la comitencia acumulativa, es decir, la posibilidad de que
existan más de una persona civilmente responsable, lo cual ocurre cuando existe
una subordinación permanente a una entidad o persona y cuando existe al mismo
tiempo una subordinación temporal a otra persona.
De la existencia de una comitencia acumulativa
se derivan consecuencias muy importantes en cuanto a las indemnizaciones y la
cuantía en que ellas deban ser soportadas por los comitentes o personas
civilmente responsables.
Un principio fundamental de nuestro sistema de
responsabilidad civil al momento de fijar las indemnizaciones pertinentes que
los jueces deben tomar en cuenta es que si bien es cierto, en principio, los
jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los hechos
constitutivos del daño y fijar su cuantía, no es menos cierto, que ese poder no
puede ser tan absoluto que llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad y
sin que las mismas puedan ser objeto de críticas por parte de la Suprema Corte
de Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se
ha consagrado que las indemnizaciones deben ser razonables en cuanto a la
magnitud de la falta cometida, y proporcionales con relación a la magnitud del
daño recibido.
Ese principio es de aplicación general tanto
para la comitencia única como para la comitencia acumulativa. Sin embargo, mientras en la primera las indemnizaciones impuestas
deben ser soportadas únicamente por el comitente único [salvo que también se
condene al autor del daño por su hecho personal], en la segunda debe tomarse en
cuenta el grado de responsabilidad individual que pudiera tener cada uno de los
comitentes acumulativos en relación a la falta de su preposé, circunstancia que
se encuentra bajo el control casacional. Es importante destacar en este
aspecto, que no le es dable al tribunal imponer una condenación solidaria entre
los comitentes acumulativos, pues esto implicaría que el beneficiario de la
indemnización pudiera exigir la totalidad del pago a cualquiera de ellos. Se
requiere precisar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos y de esa
manera fijar el monto indemnizatorio. La indemnización se determinará tomando
en cuenta la concurrencia de faltas de cada comitente.
La existencia en nuestro país de un sistema
dual de comitentes (el comitente único y los comitentes acumulativos) es una
manifestación palmaria de que nuestro régimen de responsabilidad civil, cuya
creación ha sido fruto de la jurisprudencia dominicana, tanto suprema como inferior,
ha seguido trillando positivamente la creación de una responsabilidad civil
netamente dominicana, que como he dicho en otras ocasiones marcó su inicio en
el año 1969 y no ha dejado de evolucionar y que parece todavía no ha encontrado
techo.
La creatividad de la jurisprudencia dominicana
en ese sentido es digna de encomio, contrario a lo que ocurre en otras
materias, donde el copy paste se enarbola constantemente, castrándose la
iniciativa propia.
