HISTORIA DE UN FURGÓN JUDICIAL

(A propósito del Juzgado de la Instrucción 

de la provincia de Santo Domingo)

Imagen Periódico El Dia 

Fue tal la importancia que le atribuimos, que siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en mi discurso del 7 de enero de 2003, me referí a él como un gran logro del Poder Judicial dominicano.

Instalado de manera provisional, ha permanecido más tiempo de lo debido.  Ha sido un largo recorrido que ha tenido que transitar el furgón donde en la actualidad funciona el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo. Comprado en el Distrito Nacional y trasladado primero a Najayo, San Cristóbal, luego a La Victoria, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, para terminar finalmente en el municipio Santo Domingo Este, de esta misma provincia.  ¡Esta es su breve historia!

Cuando llegamos a la Suprema Corte de Justicia, entre los múltiples problemas que encontramos, uno que revestía una importancia capital por el impacto social que causaba, era el relativo al traslado de las personas que guardaban prisión en las cárceles del interior, de manera principal en la Cárcel Pública de Najayo, provincia San Cristóbal, porque de dicho centro era del que frecuentemente requerían personas los jueces penales y los jueces de instrucción del Distrito Nacional para fines de interrogatorios, notificaciones y otras actuaciones. Era una queja recurrente que la Procuraduría General de la República, responsable del régimen carcelario, carecería de vehículos en condiciones de cumplir con esa función. Cuando no era que el vehículo no llegaba a tiempo, era que le faltaba una goma o se había averiado en el trayecto. Esta situación conllevaba que los procesos fuesen constantemente aplazados por los jueces porque los "presos de Najayo no habían llegado".

Es en esa circunstancia que en una mañana del año 2002 mientras me trasladaba antes de las ocho de la mañana como era mi costumbre, a mi oficina de la Suprema Corte de Justicia, en el Palacio de Justicia, divisé un furgón que estaban exhibiendo para fines de venta en el parqueo de la Plaza Merengue, en la avenida 27 de febrero esquina avenida Tiradentes. Tan pronto llegué a la oficina envié al arquitecto José Lluberes (R.I.P.) para que lo examinara y viera si era apropiado para utilizarlo como un recinto judicial móvil.  Se discutió el precio y determinamos que podía cumplir con el propósito que perseguíamos.

Luego de discutir el asunto con algunos jueces del área penal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encontraban concentrados todos los jueces de instrucción del Distrito Nacional y con los técnicos de la Suprema Corte de Justicia, a quienes les expuse la idea que tenía, llevé como propuesta por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia la compra de dicho furgón, y que fuese destinado como juzgado de instrucción móvil en la parte frontal de  la Cárcel Pública de Najayo, provincia San Cristóbal. El Pleno aprobó nuestra propuesta, y la decisión fue comunicada a la Dirección General de Carrera Judicial dando las correspondientes instrucciones a su director, don Pablo Garrido Medina, para que se escogiera el personal que prestaría servicios en ese nuevo local judicial.

En el año 2002 quedaba debidamente instalado el Juzgado de Instrucción Móvil del Distrito Nacional, en la parte delantera exterior de la mencionada cárcel pública, el cual cumplió su misión en ese penal. Luego, en una segunda etapa, el 7 de octubre de 2002, fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de La Victoria, a la sazón perteneciente al Distrito Nacional, con la misma función que tenía en Najayo. Su próximo destino sería el municipio de Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. ¿Cómo llegó ese furgón, convertido en recinto judicial a este último destino?

Era cuestión de tiempo que se creara una nueva estructura judicial para la zona circundante del Distrito Nacional, pues los tribunales creados no eran suficientes para atender la demanda de servicios requeridos por un territorio tan amplio como lo era en ese entonces el Distrito Nacional, que comprendía tanto la zona oriental, incluyendo Boca Chica, como la norte, Villa Mella y otras localidades, y la zona oeste del Distrito Nacional, como eran Los Alcarrizos, Pedro Brand, Herrera, etc.

Al crearse la Provincia de Santo Domingo, mediante la Ley núm. 163-01, del 16 de octubre de 2001, fue necesario establecer una organización judicial que estuviere en consonancia con esa nueva provincia y con la disminución territorial del Distrito Nacional, lo cual motivó que la Suprema Corte de Justicia sometiera en fecha 2 de abril de 2002 un proyecto de ley al Congreso Nacional proponiendo la creación de esa nueva estructura, lo que se convirtió en la hoy Ley núm. 141-02, del 4 de septiembre de 2002. ¡Una vez más el entonces máximo tribunal dominicano ejercía su iniciativa legislativa!

Una vez creada mediante la Ley núm. 141-02  la estructura judicial de la provincia de Santo domingo, constituyó un verdadero reto de la Suprema Corte de Justicia su puesta en funcionamiento. Se había dado una situación muy peculiar en el sentido de que antes de la puesta en vigencia de esa estructura el presidente de la República, Hipólito Mejía, había designado magistrado procurador fiscal del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo, al Dr. Eddy Olivares, quien no obstante su designación no tenía tribunal por ante el cual ejercer sus funciones y su despacho se encontraba en un local que le había sido prestado por un munícipe.

Uno de los problemas -independientemente de la falta de recursos económicos- con el que nos encontramos fue dónde instalar el Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo, pues los locales existentes no reunían las condiciones requeridas. Fue titánico la labor del magistrado Olivares y del gobernador provincial, Dr. Burgos, así como de diferentes dependencias de la Suprema Corte de Justicia a fin de ubicar uno apropiado. Luego de mucho indagar, encontramos un lugar en la avenida Charles de Gaulle, donde funcionó en una ocasión una especie de motel, el cual fue alquilado y acondicionado. Ahí se instaló el Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, el cual por más ampliaciones y remodelaciones que se le hicieron al final resultó pequeño para la actividad judicial que la zona demandaba.

Las precariedades de espacios en el Palacio de Justicia de esa provincia, motivó a la magistrada Olga Herrera Carbuccia, a la sazón presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese departamento judicial, a solicitar a la Suprema Corte de Justicia que se trasladara el “furgón judicial”, que se encontraba en La Victoria, para ser instalado en el patio de ese palacio de justicia. Esta petición fue atendida, y el referido furgón se convirtió en el Juzgado de Instrucción de esa provincia.

Debo señalar que el Poder Judicial puso en funcionamiento la estructura judicial de la provincia de Santo Domingo sin que le asignaran a esos fines un solo peso adicional.

Con la creación de la estructura judicial de la provincia de Santo Domingo se transformó totalmente la composición de la administración de justicia tanto en el Distrito Nacional como en esa provincia, lo que me motivó a que en el mes de enero de 2001 publicara para el Poder Judicial una pequeña obra que denominé La actual organización de los departamentos judiciales del Distrito Nacional y Santo Domingo -Su complejidad-, donde hice un análisis de la situación que imperaba en ambos departamentos judiciales antes de la creación de la provincia de Santo Domingo y a la luz de las leyes núms. 50-00  y  141-02.