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A fin de hacer más amena su lectura partiremos de hechos hipotéticos,
formulando algunas consideraciones a guisa de consulta, para luego transcribir
algunos de sus considerandos y finalizar con algunos comentarios sobre la
sentencia dictada en fecha 13 de marzo de 2013 por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. De entrada es preciso
decir que se trata de una sentencia innovadora que sigue la línea de ruptura
con la jurisprudencia tradicional dominicana en el ámbito de la responsabilidad
civil.
Hechos hipotéticos. Apremiada por la adquisición de los materiales propios
de la apertura del año escolar María visitó el centro comercial, a cuyo parqueo
llegó luego de la ardua tarea de transitar por una ciudad con características
de cosmopolita y con los sudores propios de la época de verano y de un vehículo
que carecía de acondicionador de aire, debido a que por el tiempo de uso había
dejado de funcionar hacía algún tiempo. Al ingresar al parqueo encuentra un
letrero pintado en rojo que decía: “No somos responsables por los daños o pérdidas sufridos por su vehículo”,
al cual no le prestó mucha atención
porque no era extraño encontrar semejante literatura en los establecimientos de
esa naturaleza. Tomó el ticket que le dio la persona que se encontraba a la
entrada del parqueo; estacionó su vehículo; cerró las puertas, y se dispuso
penetrar al lugar de su destino y cumplir con el propósito del viaje.
Debido a la gran afluencia de público y la búsqueda de
los útiles escolares propios de la edad de su hijo José, el tiempo transcurrió
rápidamente, de manera tal que cuando María llegó a la caja de pago
correspondiente y recoger su factura de pago, ya habían transcurrido más de dos
horas desde la hora en que había dejado estacionado su vehículo en el parqueo
del establecimiento, adonde se dirigió con la finalidad de recogerlo y partir a
su casa, llevándose la sorpresa de que su compacto modelo 1980 no se encontraba
en el lugar donde lo había dejado. Lo reclamó,
ticket en manos, su entrega sin resultados positivos, razón por la cual
puso en conocimiento de la persona que se identificó como encargado de
seguridad lo que había acontecido, quien le manifestó que en la entrada del
estacionamiento había un letrero que no los hacía responsables de la
desaparición de su vehículo. ¡Resultaba obvio que el vehículo de María había
sido robado!
Al María llamar a su padre para contarle lo sucedido,
este persona que había vivido bastante para saber que con vehículos robados se
cometían lo que las autoridades denominaban “actos reñidos con la ley”, le dijo
que él la acompañaría a la Policía Nacional para presentar una denuncia sobre
lo que había sucedido. Así lo hicieron y ella salió del recinto policial con
dicha acta.
María no estaba convencida de que el establecimiento de
cuyo estacionamiento desapareció su vehículo no fuera responsable a pesar de lo
que decía el letrero y de lo que le había dicho el vigilante, pues razonaba en
el sentido de que cuál entonces era la razón para que se le emitiera un ticket
que le permitió el establecimiento, principalmente cuando había otro letrero en
el mismo lugar que decía “Estacionamiento solo para clientes”. Esa razón, unida
a que quedó desprovista del único medio de transporte que tenía la motivó a que
consultara a Luis, un abogado que un amigo le había recomendado.
La
consulta. El referido abogado le
explicó a María que desde hacía mucho tiempo se estaba debatiendo en la
República Dominicana el tema de la responsabilidad cuando en un estacionamiento
público se producían daños o el robo de un vehículo que se encontraba en el mismo.
Que él iba a tratar de darle algunas
explicaciones, con un lenguaje sencillo, y así comenzó. En su caso había un
contrato que aunque no constara por escrito ella y el establecimiento comercial
propietario del parqueo se había formalizado uno de naturaleza verbal, pues
hizo compras en dicho establecimiento y que esas compras se derivaban de un
contrato de compraventa, que es un típico contrato. En nuestro país, como
consecuencia de la herencia francesa rige el principio proveniente del latín
“solus consensus obligat”, que significa que el solo consentimiento obliga. En
materia contractual existen las denominadas cláusulas de responsabilidad civil,
que tienen por finalidad liberar o limitar la responsabilidad de las partes,
que son admitidas por la jurisprudencia, aunque con muchas reservas. Que
algunos consideraban que esos letreros como el que tenía el estacionamiento son
considerados como cláusulas de responsabilidad y que aunque no existiera un
contrato escrito se consideraba que el cliente por el hecho de hacer uso del
estacionamiento las aceptaba. La circunstancia en que ella perdió su vehículo
ha dado lugar a que antes de determinar si hay o no responsabilidad se
establezca cuál es la naturaleza jurídica del contrato que une a las partes.
Unos consideran que se trata de un arrendamiento y otros que es un contrato de
depósito. La responsabilidad de las partes en uno y en el otro es diferente. La
prueba en nuestro Derecho es fundamental y su aportación corresponde a quien
alega un hecho, pues el principio también proveniente del latín es que “actori
incumbit probatio”. Que en cualquier circunstancia era necesario probar en
primer lugar la existencia del contrato, así como la pérdida del vehículo, su
valor y lo que para ella representaba, así como que ella era la propietaria;
pero sobre todas las cosas que ese letrero sobre la no responsabilidad que
estaba en el estacionamiento no tenía frente a ella ningún efecto jurídico. Este
último punto era el más importante debido a que si se consideraba su validez
ella no tendría ninguna posibilidad de que se le indemnizara por el robo de su
vehículo. Pero que también era relevante que se estableciera que si el
establecimiento comercial ofrecía facilidades de parqueo era como una forma de
atraer clientes y que no se podía considerar como un servicio a título
gratuito.
Sentencia
real. Si la relación de
hechos arriba reseñada es hipotética, la sentencia cuyos algunos considerando
transcribimos sí son reales, tanto en
hechos como en derecho. Veamos:
“Considerando, que contrario
a la tesis defendida por las recurrentes, del análisis de la sentencia
examinada se aprecia, específicamente, en las páginas 22 y 23, que la corte a-qua, comprobó los
hechos alegados, y formó su convicción en base a los documentos que le fueron
aportados, destacando como elemento fundamental la presentación del ticket de
parqueo de Multicentro La Sirena Charles de Gaulle, en el que aparecen las
siguientes leyendas: “Este carnet deberá ser entregado obligatoriamente a la
salida, en caso de pérdida pagar RD$20.00 para su reposición”; “En caso de pérdida de este carnet usted
deberá demostrar que este vehículo es su pertenencia”; que además, dicha alzada
comprobó que el día de la sustracción del vehículo en cuestión, la ahora recurrida
se encontraba estacionada en las instalaciones del indicado establecimiento
comercial en condición de cliente, según se colige de la factura de compra núm.
9948, de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil tres (2003) y
que así mismo la corte de apelación valoró e hizo constar en su decisión que
esos hechos, fueron denunciados por la ahora recurrida ese mismo día por ante
el Departamento de Recuperación de Vehículos Robados de la Policía Nacional;
Considerando, que además, es
preciso puntualizar que, con la posesión por parte de la demandante original
del “ticket o carnet de parqueo” que le fue otorgado al accesar en su vehículo
al estacionamiento del centro Comercial Multicentro La Sirena, quedó probado
ante la corte a-qua el hecho del ingreso del vehículo a las instalaciones de la
recurrente, que si bien este último le restó valor probatorio, al referido
documento, se trata de un ticket que en principio reúne las formalidades
intrínsecas que autoriza a tenerlo, salvo que se confirmara, que no es el caso,
que la recurrida, se haya apropiado del mencionado comprobante en forma
ilícita; que de haber abandonado el centro comercial igual que como entró, en su vehículo, no
tendría en su poder el referido ticket, el cual es exigido su devolución al
dejar el establecimiento cualquier automóvil;
Considerando, que en adición
a lo antes indicado cabe puntualizar que la corte de la alzada también tomó en
consideración otros elementos que le llevaron a la conclusión de que la
sustracción del vehículo de que se trata ocurrió en las circunstancias de
tiempo y lugar que fueron denunciados por la ahora recurrida, ya que fue
comprobado por dicha alzada, que la recurrida Yolanda Martínez, no solo estuvo
en el establecimiento comercial indicado, sino que realizó un consumo según se
desprende de la factura de compra núm. 9948 de fecha veintiocho (28) del mes de
abril de año 2003, emitida por las recurrentes; que en ese mismo orden de
pensamiento, es oportuno señalar, que entre las obligaciones elementales que
impone la dinámica del contrato al comercio en cuyo estacionamiento es aparcado
un vehículo, mientras el propietario del mismo realiza sus compras, está la de
garantizar la seguridad del vehículo confiado para su cuidado;
Considerando, que contrario a lo alegado por las recurrentes,
no se trata de pruebas aisladas, a las que esta
pretende restarle valor, sino de una serie de eventos relacionados,
acaecidos el mismo día, que constituyeron pruebas suficientes, para que el
tribunal de alzada formara su criterio
de que los hechos ocurrieron como fueron denunciados por la recurrida, y en
base al alcance de esos elementos probatorios retuvo la responsabilidad civil
contra las actuales recurrentes; que además, tales comprobaciones versaron
sobre cuestiones de hecho, que en su naturaleza son del dominio exclusivo de
los jueces del fondo, cuya censura escapa al control de la casación, siempre y
cuando no se haya incurrido en desnaturalización de los hechos contenidos en
dicha documentación, lo cual en la especie no ha sido demostrado por las
recurrentes; que por los motivos indicados, resulta que la corte a-qua realizó
una correcta aplicación del derecho y no incurrió en ninguna de las violaciones
denunciadas en el medio que se examina, razón por la cual procede desestimarlo;
Considerando,
que en el desarrollo de su segundo medio
de casación, las recurrentes alegan, en síntesis, que la corte a-qua
hizo una incorrecta aplicación de la ley al fundamentar su decisión en el
artículo 1384 del Código Civil, ya que en el caso de que el vehículo hubiese
sido sustraído de las instalaciones de las recurrentes, dicha situación no se
enmarcaría dentro de la esfera del artículo 1384 del Código Civil; que según
criterio de la jurisprudencia Francesa, el guardián en el sentido del artículo
1384 del Código Civil, es la persona que de hecho tiene un poder de mando con
relación a la cosa, y la entidad Grupo Ramos, S. A., no tenía ningún poder de
mando, ni la guarda sobre el vehículo en cuestión; que además, prosigue el
recurrente, que cuando el indicado artículo 1384, se refiere a la
responsabilidad civil del guardián de la cosa inanimada se está refiriendo a
que el guardián debe responder por el daño causado por la cosa que está bajo su
guarda y cuidado, que en la especie no hubo ningún daño causado por la cosa,
ni se han generado las obligaciones
propias del guardián, consagradas en el texto legal citado; que, así mismo,
arguye la recurrente, que se trata de un servicio de parqueo ofrecido a título
gratuito, en cuya entrada se anuncian grandes letreros que advierten a los
usuarios, que Grupo Ramos, S. A., no es
responsable de lo que ocurra en el parqueo, lo que le otorga al usuario la potestad de usarlo o no según
su conveniencia;
Considerando, que en cuanto
al aspecto examinado, la Corte de Apelación al emitir su decisión razonó de la
manera siguiente: “que conforme al artículo 1384 párrafo 1ro del Código
Civil, pesa sobre el guardián de la cosa inanimada, una presunción de responsabilidad
civil de pleno derecho, que solo lo destruye la prueba de la falta exclusiva de
la víctima y/o caso fortuito.” Que también expuso dicha alzada, “que el
referido artículo, crea una presunción de responsabilidad a cargo de la persona
que tiene a su cuidado, la cosa; que al presumirse la falta, la carga de la
prueba se invierte y es obligación de las sociedades Grupo Ramos, C. por A.,
Multicentro La Sirena Charles de Gaulle, demostrar que el robo del vehículo de
marras no fue sustraído en el indicado estacionamiento; que al no probar tales
hechos, no rompen con la presunción de falta que la ley les imputa”;
Considerando, que, contrario
a lo alegado, la corte a-qua no fundamentó su decisión en la responsabilidad
civil del guardián de la cosa inanimada prevista en el artículo 1384 del Código
Civil, puesto que, a pesar de que mencionó dicho texto legal en su sentencia,
en ninguna parte de la misma se afirma que se trata de un daño ocasionado por
el vehículo objeto del litigio, sino que retuvo como elemento decisorio, que el
daño reclamado fue ocasionado por un incumplimiento de la recurrente; que, a
pesar de que en el fallo impugnado se hace referencia a que el vehículo robado
se encontraba bajo el cuidado de las recurrentes, tampoco se implicó que la responsabilidad
retenida esté fundamentada en un desplazamiento de la guarda del vehículo a su
favor, ya que el estudio íntegro de la sentencia y de los hechos de la causa
comprobados en ella, ponen de manifiesto que la responsabilidad retenida por la
corte a-qua no fue calificada como delictual o cuasidelictual, y que su
reflexión a lo que se refiere es a la obligación de vigilancia y seguridad que
asumen los establecimientos comerciales, respecto a los vehículos que le son
confiados dentro de sus estacionamientos;
Considerando, que,
efectivamente, de los hechos comprobados por la corte a-qua y de las
motivaciones contenidas en el fallo criticado, se desprende que el fundamento
de la responsabilidad civil de las recurrentes tiene su origen en el
incumplimiento de una obligación contractual asumida de manera espontánea,
consensual y sin formalidad alguna, que consiste en el compromiso asumido por
el establecimiento cuando ofrece un espacio en sus instalaciones destinado al
parqueo de los vehículos de sus clientes, habida cuenta de que dicho
ofrecimiento, está motivado por la expectativa del consumo que realizarán los
clientes y, lógicamente, carecería de eficacia, si no implicara la obligación
de garantizar el disfrute pacífico del parqueo, manteniendo las condiciones de
seguridad y vigilancia que impidan su perturbación;
Considerando que, en este
caso, el deber contraído por las recurrentes constituye una obligación de
resultado cuyo incumplimiento se presume cuando los vehículos dejados bajo su
cuidado son objeto de robo, tal como sucedió en la especie; que, en
consecuencia, como fue debidamente establecido por la corte a-qua, conforme al
artículo 1148 del Código Civil, que rige para la materia contractual, el
establecimiento comercial, solo podrá liberarse de su responsabilidad de
seguridad y vigilancia, cuando demuestre la existencia de una causa ajena a su
voluntad que le haya imposibilitado cumplir dicha obligación, como, por
ejemplo, la fuerza mayor o el caso fortuito; que, además, la existencia de la
referida obligación no está condicionada a que se produzca el desplazamiento de
la guarda del vehículo, como sucede cuando se entregan sus llaves al personal
del establecimiento, puesto que no se trata de un elemento indispensable para
asegurar su vigilancia y seguridad; que, tampoco se trata de un servicio
ofrecido gratuitamente como arguyen las recurrentes, sino de un accesorio de la
actividad comercial de los establecimientos comerciales, que disponen un
espacio en sus instalaciones destinado al parqueo de los vehículos de sus
clientes, ya que aún cuando estos no paguen una tarifa especial por su uso se
presume que el costo del mismo, es debitado de los consumos que realizan los
clientes en el establecimiento, ya sea por la compra de productos o por el uso de
los servicios que se ofrecen; que es oportuno señalar que como forma liberadora
de responsabilidad por los daños que puedan sufrir los vehículos estacionados
en los centros comerciales, es habitual observar letreros colocados dentro de
sus instalaciones, que expresan: “ No
somos responsables a robo o daños ocurridos a su vehículo en este parqueo”; que
sin embargo, dicha advertencia no lo exime de responsabilidad frente a los
clientes propietarios de los vehículos estacionados en los parqueos que están bajo
su vigilancia, en caso de que los mismos sufran algún daño o sean sustraídos de
los espacios destinados a parqueos, ya que se trata de una disposición
unilateral, que no ha sido expresamente aceptada por los usuarios del servicio
y que en modo alguno puede imponérsele en su perjuicio; que en esa línea de
pensamiento es menester señalar que todo aquel que se beneficie de una
actividad, debe cargar con los riesgos que tal actividad puede producir o
acarrear”. (13 de marzo de 2013,
recurrente Grupo Ramos, S. A. y
Multicentro La Sirena Charles de Gaulle vs. Yolanda Martínez).
Comentarios Jasi. De
los considerandos transcritos anteriormente se derivan las consecuencias
siguientes:
1.-
El establecimiento comercial en cuyo estacionamiento se encuentra aparcado el
vehículo de una persona que realiza compras está obligado a garantizar la
seguridad del vehículo que se ha confiado para su cuidado. El fundamento de la
responsabilidad civil del establecimiento comercial tiene su origen en el
incumplimiento de una obligación contractual asumida de manera espontánea,
consensual y sin formalidad alguna, que consiste en el compromiso asumido por
el establecimiento cuando ofrece un espacio en sus instalaciones destinado al parqueo
de los vehículos de sus clientes, habida cuenta de que dicho ofrecimiento, está
motivado por la expectativa del consumo que realizarán los clientes y,
carecería de eficacia, si no implicara la obligación de garantizar el disfrute
pacífico del parqueo, manteniendo las condiciones de seguridad y vigilancia que
impidan su perturbación;
2.-
La obligación asumida por el establecimiento en cuanto a garantizar el disfrute
pacífico del parque y el mantenimiento de seguridad y vigilancia no está
supeditada a que se entreguen las llaves del vehículo al personal del
estacionamiento o del establecimiento, puesto que esa entrega de llaves no
condiciona a que la guarda material del vehículo haya sido desplazada hacia el
establecimiento. Esto significa que poco importa que el que conduce el vehículo
permanezca o no con la llave.
3.-
El servicio prestado por el establecimiento en cuyo estacionamiento el cliente
dejó su vehículo no es un servicio gratuito, sino a título oneroso, pues se
trata de un servicio accesorio de la actividad comercial desarrollada por esos
estacionamientos, para lo cual disponen en sus instalaciones de espacios para
el parqueo de los vehículos de sus clientes. Poco importa que los clientes no
paguen una tarifa para su uso, debido a que se presume que el costo por el
estacionamiento es cargado a los consumos de los clientes en el
establecimiento, ya se trate de compras de productos o por el uso de los
servicios que ofrecen. Se requiere precisar que el establecimiento comercial
puede dedicarse tanto a la prestación de bienes
o servicios.
4.-
Los letreros colocados dentro de las instalaciones que dicen: “No somos responsables a robo o daños
ocurridos a su vehículo en este parqueo”; no exime de responsabilidad a los
establecimientos frente a los clientes propietarios de los vehículos
estacionados en los parqueos que están bajo su vigilancia, en caso de que los
mismos sufran algún daño o sean sustraídos de los espacios destinados a
parqueos, ya que no son frutos de un acuerdo de voluntades, es decir de un
contrato, sino que se trata de una disposición unilateral, que no ha sido
expresamente aceptada por los usuarios del servicio y que en modo alguno puede
imponérsele en su perjuicio.
5.-
Con el ticket o carnet de parqueo que le fue otorgado a la clienta para tener
acceso al estacionamiento se probó su ingreso y ese ticket reúne las
formalidades que autoriza a tenerlo. Que lo contrario habría sido que la
clienta se hubiese apropiado del mismo de manera ilícita. Pero además de haber
abandonado el centro comercial igual que como entró, en su vehículo, no tendría
en su poder el referido ticket, el cual es exigido su devolución al dejar el
establecimiento cualquier automóvil;
6.-
Si leemos detenidamente la sentencia comentada observaremos que en la parte
final de su último considerando se recurre a la Teoría del Riesgo Provecho, una
de las vertientes de la Teoría del Riesgo para fundamentar la responsabilidad
civil del establecimiento comercial. Es así como dicha sentencia expresa que
todo aquel que se beneficie de una actividad, debe cargar con los riesgos que
tal actividad puede producir o acarrear.
A
la Teoría Clásica se opone la Teoría del Riesgo que funda la responsabilidad no
sobre la falta probada o presumida, sino sobre la idea del riesgo creado. El
nacimiento y desarrollo de esta teoría se deben a Saleilles y a Josserand y
está formulada de la manera siguiente: toda actividad que cree para otro un
riesgo, hace a su autor responsable del daño que esa actividad puede causar,
sin que haya que investigar si hay o no falta de parte de su autor. En esta
teoría la idea de justicia predomina, ya sea que el hombre procure un provecho
pecuniario o moral con su actividad. De ahí las dos vertientes de la Teoría del
Riesgo: la del riesgo provecho que exige del hombre un provecho pecuniario; y
la del riesgo creado que exige un provecho cualquiera aunque no sea pecuniario.
Conforme a la Teoría del Riesgo el juez no tiene que examinar la conducta del
autor del daño ni el carácter lícito o ilícito del acto imputable al pretendido
responsable. Esta teoría ha sido calificada con justicia como teoría objetiva. (El autor, Tratado práctico de
responsabilidad civil dominicana, edic. 2010, núm. 6).
Recomiendo
la lectura in extenso de la sentencia dictada el 13 de marzo de 2013 pro la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. ¡Vale la pena!
